
La decisión del Gobierno de Estados Unidos de revocar las visas de todos los funcionarios colombianos tiene un impacto directo en el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), según informó Caracol Radio, esta medida afecta de manera significativa la posibilidad de avanzar en investigaciones de gran relevancia para la justicia transicional en Colombia, teniendo en cuenta que impide la gestión de permisos necesarios para realizar trabajos en cárceles estadounidenses, con el fin de avanzar en la recolección de testimonios de figuras clave como alias Otoniel, Don Berna y Simón Trinidad.
De acuerdo con lo publicado por la emisora, los testimonios de estos exlíderes de grupos armados son fundamentales para esclarecer hechos relacionados con el conflicto armado colombiano. La JEP, que se encarga de investigar y juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto, depende de estas declaraciones para avanzar en procesos judiciales que buscan verdad, justicia y reparación para las víctimas. Sin embargo, la imposibilidad de acceder a Estados Unidos y los centros penitenciarios donde se encuentran recluidos estos criminales se convierte un obstáculo para el desarrollo de las investigaciones, por lo que los procesos de reconocimiento y reparación podrían verse afectados.
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Los criminales mencionados y otros que se encuentran recluidos en Estados Unidos son considerados como figuras clave, puesto que pueden revelar información sobre redes de narcotráfico y vínculos con actores armados ilegales, así como aportar detalles sobre la estructura y operaciones de los grupos paramilitares en el país. Según el medio, el no acceder a los testimonios de los judicializados podría retrasar o incluso comprometer el avance de los casos en los que están implicados.

Y es que la revocación de visas no solo limita el acceso de los funcionarios de la JEP a los detenidos, sino que podría dificultar la obtención de documentos y pruebas relacionadas con los casos en curso, por lo que los familiares y trabajadores están a la espera de que se anuncien excepciones en la medida para que la entidad pueda cumplir con su objetivo de esclarecer la verdad y garantizar justicia para las víctimas del conflicto armado.
Cabe mencionar que la medida tomada por el Gobierno estadounidense y anunciada durante el 26 de enero de 2025 no solo afecta a la JEP, sino que también tiene implicaciones más amplias para las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos en materia económica y de procesos migratorios.
¿Por qué se tomó la medida?
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, tomó la determinación de no recibir un vuelo que provenía de Estados Unidos con migrantes indocumentados, alegando que no estaban siendo tratados de forma digna y que este tipo de situaciones no deberían ocurrir.
“Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece. Por eso hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos. No puedo hacer que los migrantes queden en un país que no los quiere; pero si ese país los devuelve debe ser con dignidad y respeto (...) En aviones civiles, sin trato de delincuentes recibiremos a nuestros connacionales. Colombia se respeta”, declaró el mandatario.

Ante esta situación se pronunció el presidente estadounidense Donald Trump sobre esta decisión asegurando que se cerrarán los trámites de visa para colombianos como respuesta a la decisión tomada por Petro, asegurando que este tipo de decisiones podrían llegar a afectar la seguridad de su país. Así que las medidas como represalia no se hicieron esperar, y además de revocar las visas para funcionarios del gobierno colombiano y familiares del presidente, se confirmó el aumento de los aranceles y otras medidas financieras.
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