La región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, atraviesa una crisis humanitaria a raíz de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Disidencias de las FARC, por el control de territorios mineros, cultivos de coca, así como las rutas para su exportación como cocaína.
Debido a su ubicación estratégica para esta actividad ilegal, la región lleva décadas siendo fuente de conflictos constantes entre grupos armados al margen de la ley.
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Sin embargo, la escalada de violencia que inició el pasado 15 de enero con la masacre de Miguel Ángel López y su esposa Zulay Durán en el municipio de Tibú, llegó a tal nivel de complejidad que el presidente Gustavo Petro anunció la suspensión de los diálogos de paz que se adelantaban con el ELN.
A esto se sumó la declaración del estado de conmoción interior el pasado viernes 24 de enero, que le permite tomar medidas extraordinarias para controlar la situación de orden público en la región.
Dicha medida fue cuestionada por la oposición al mandatario, luego de que en los últimos días se conociera que la Defensoría del Pueblo lanzó hasta seis alertas tempranas sobre la situación del Catatumbo desde 2020, manifestando la alta probabilidad de una escalada de violencia entre los dos grupos ilegales.
La más reciente, según reveló a Semana la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, fue dirigida al Ministerio del Interior en noviembre de 2024 y fue bajo la forma de una alerta de inminencia. Es decir, que tomaba toda la información previa de lo que sucedía en el Catatumbo y concluía que los riesgos potenciales comenzaban a hacerse realidad, lo que obligaba a tomar medidas inmediatas.
Por otra parte, en Noticias RCN se dio a conocer que, desde diciembre de 2024, los servicios de inteligencia tenían conocimiento de actividades por parte del ELN que tenían por objeto causar una situación de inestabilidad en el Catatumbo, lo que les permitiría obtener una ventaja estratégica frente a las Disidencias de las Farc en la zona.
Según reportó la fuente, se venían rastreando las actividades de Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias Pablito, uno de los líderes del ELN. Al parecer, este tenía planes de provocar un enfrentamiento armado con el Frente 33 de las Disidencias de las Farc desde hace unos 40 días.
La acción de “Pablito” habría contado con el apoyo de distintas estructuras criminales dedicadas al narcotráfico. A esto se suma el presunto respaldo de las fuerzas militares del régimen de Nicolás Maduro, desde Venezuela, según habrían detallado dichos informes de inteligencia.
Esta información va de la mano con las voces de la oposición al Gobierno Petro, que en los últimos días acusan al país vecino de favorecer a la guerrilla de ELN en su plan. Entre los más vehementes se encuentran el expresidente Iván Duque, que acusó al régimen de Maduro de coordinar esfuerzos con el Tren de Aragua y el ELN en la frontera.
“En pocas palabras, el Régimen narco-dictatorial de Maduro está exportando violencia, crimen y narcotráfico", expresó en su cuenta de X, pidiendo a la comunidad internacional que tome cartas en el asunto, mientras continúan las sospechas de fraude electoral en Venezuela, el pasado 28 de julio.
Los comentarios del exmandatario llegaron luego de que Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, afirmara que había cabecillas del Tren de Aragua resguardados en Colombia por Duque, con apoyo del también expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Por otra parte, el pasado 24 de enero se reunieron el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y su homólogo venezolano, el general Vladimir Padrino López. Allí mantuvieron una reunión con el fin de coordinar esfuerzos en medio de la delicada situación de orden público en la frontera.
“Le planteé la posibilidad de desarrollar algunas operaciones especiales. El ministro Padrino está de acuerdo, y estamos en el fortalecimiento de las relaciones indispensables entre los mandos militares y de policía, colombianos y venezolanos”, explicó Velásquez.
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