Olmedo López aseguró que el exministro Luis Fernando Velasco ofreció 80.000 millones para comprar de votos a favor de la reforma a la salud

Un nuevo capítulo de presunta corrupción en el Gobierno salió a la luz pública, esta vez por una declaración hecha por Olmedo López en las que implica directamente al exministro del Interior Luis Fernando Velasco.

Según reveló el Semana, el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), declaró ante la Corte Suprema de Justicia que Velasco habría intentado negociar contratos por 80.000 millones de pesos para asegurar votos en la Comisión Primera del Senado, con el objetivo de impulsar la reforma a la salud.

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Esta declaración, que forma parte de un interrogatorio de más de nueve horas, pone en el centro del escándalo a varios congresistas y altos funcionarios.

De acuerdo con el testimonio de López, Velasco habría confesado que estaba negociando con congresistas de la Comisión Primera para garantizar la aprobación de la reforma a la salud.

Según el exdirector de la Ungrd, el exministro habría dicho: “Estoy negociando, dijo el doctor Velasco, ministro del Interior, para sacar adelante en la Comisión, no dijo cuál, la reforma y que pasen la reforma a la salud. Me están pidiendo en contratación 80.000 millones de pesos para los congresistas. Yo arranqué la oferta en 35.000. Voy a ver cuánto logro negociar con ellos”.

Estas palabras, fueron parte de la declaración que López entregó al magistrado Francisco Farfán, que lidera la investigación contra los expresidentes del Congreso, Iván Name y Andrés Calle.

El testimonio de López no solo apuntó a Velasco, sino que también involucra a otros actores clave en el entramado de corrupción. López aseguró que el senador Julio Elías Chagüí, miembro de la Comisión Primera, habría sido el intermediario de un grupo de nueve congresistas que buscaban beneficiarse de 30 contratos gestionados a través de la Ungrd y el Instituto Nacional de Vías (Invías).

Esta versión coincide con la declaración de María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, quien también señaló a Chagüí como emisario en estas negociaciones.

El relato de López detalla que el 4 de diciembre de 2023, tras un “cónclave” en el que participaron varios congresistas, Velasco habría ordenado cumplir un acuerdo con este grupo liderado por Chagüí. Según el exdirector de la Ungrd, el intento inicial de entregar contratos a través del Invías, por un valor cercano a 30.000 millones de pesos, había fracasado, lo que llevó a Velasco a buscar alternativas en la Unidad.

Otro nombre que emergió en las declaraciones es el de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). López afirmó que González fue el que dio la orden de comprar a los entonces presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente.

Según López, el acuerdo inicial contemplaba 4.000 millones de pesos en efectivo como cuota inicial, pero el monto total del negocio ascendía a 70.000 millones de pesos en contratos.

López explicó que, en una reunión en el Palacio de Nariño, se discutieron los detalles del acuerdo. “Se habló inicialmente de 60.000 millones de pesos dirigidos a Iván Name y 10.000 millones de pesos al doctor Calle, pero en la misma reunión se cambia la cuantía por los 4.000 millones de pesos (...) los montos de los contratos, habla el director del Dapre, Carlos Ramón González”, declaró López ante la Corte.

El escándalo también salpicó a familiares de los congresistas involucrados. Según las declaraciones de López, María Clara Name, hija de Iván Name, y Gabriel y Enrique Calle, padre y hermano de Andrés Calle, habrían sido beneficiarios de los sobornos.

Actualmente, María Clara Name ocupa el cargo de concejal de Bogotá, mientras que Gabriel Calle es alcalde de Montelíbano, en el departamento de Córdoba. Estas conexiones familiares han despertado el interés de las autoridades, que ahora investigan si los recursos provenientes de los contratos fueron utilizados para financiar campañas políticas en las elecciones regionales de octubre de 2023.

En su declaración, López también hizo referencia a su relación de décadas con Carlos Ramón González, ambos vinculados al movimiento político M-19. Según López, esta conexión histórica influyó en su decisión de no cuestionar las órdenes de González ni informar al presidente Gustavo Petro sobre las irregularidades.

López afirmó que González era quien avalaba y determinaba las decisiones relacionadas con los contratos, mientras que otros actores, como Sandra Ortiz, actuaban como emisarios en las negociaciones con los congresistas.

Las acusaciones de López generaron un escándalo político y judicial en Colombia. Con nueve congresistas y varios altos funcionarios bajo investigación, el caso podría tener repercusiones significativas para el Gobierno y las instituciones involucradas. Mientras tanto, Luis Fernando Velasco negó cualquier relación con el escándalo, pero las declaraciones de López, respaldadas por otros testimonios, ponen en duda su versión de los hechos.

Por el momento, las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer el alcance de estas presuntas irregularidades. El caso no solo pone en evidencia los riesgos de corrupción en la gestión pública, sino que también plantea interrogantes sobre la transparencia en la aprobación de reformas clave para el país.