OEA se ofreció para mediar y lograr el cese de la violencia en el Catatumbo

Justo cuando el país está padeciendo por la violenta confrontación que sostienen el ELN con el Frente 33 de la extinta guerrilla de las Farc en la ya convulsionada región del Catatumbo (Norte de Santander), para controlar la ruta del narcotráfico a través de Venezuela, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (Mapp/OEA) presentó el viernes 24 de enero su último informe sobre los avances del acuerdo de 2016.

Si bien se destacaron algunos logros de la política de la paz total del presidente de la República, Gustavo Petro, durante el primer semestre del 2024, desde ese organismo instaron a un cese de la violencia por parte de los grupos armados organizados, con un especial hincapié en la coyuntura en la zona nortesantandereana afectada.

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“Desde la Secretaría General de la OEA se considera impostergable que los grupos armados pongan fin inmediatamente a la violencia contra las comunidades y demuestren su compromiso con la paz mediante acciones concretas”, señaló Roberto Menéndez, Jefe de la Mapp/OEA.

El funcionario recordó que desde mediados de enero en la mencionada zona de frontera con Venezuela “la población ha sido víctima de homicidios, secuestros, desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas” que han perpetrado los grupos armados organizados que tienen injerencia en la región, donde las víctimas son ciudadanos que no tienen que ver con el conflicto, así como los excombatientes de la antigua organización insurgente que renunciaron a la lucha armada.

“Los niños, niñas, adolescentes, liderazgos sociales, firmantes de paz y comunidades indígenas de los pueblos Barí y Yukpa son algunas de las poblaciones más impactadas por esta injustificable violencia”, reiteró Menéndez.

Agregó que desde el organismo que lidera se “ha expresado públicamente” el “rechazo”contra las acciones violentas en el Catatumbo y “se ha unido al llamado colectivo” para que cesen las hostilidades así como “al respeto a la población civil” y se ofreció a colaborar en una mediación para que se supere la tragedia humanitaria en esa zona de nororiente de Colombia donde los desplazados llegan a casi 40.000 y las muertes podrían alcanzar las 80, de acuerdo con estimaciones de la Defensoría del Pueblo.

“Desde el inicio, ha puesto a disposición de las autoridades colombianas y de las comunidades del Catatumbo sus capacidades para facilitar la articulación interinstitucional que permita acelerar la prevención, protección y atención a las víctimas, así como la superación de esta emergencia humanitaria”, concluyó.

En el informe de la Mapp/OEA se hizo un reconocimiento sobre algunos de los avances de la denominada paz total que trata de implementar el presidente de la República, Gustavo Petro, entre ellos el proceso con un grupo disidente del ELN que tiene injerencia en el departamento de Nariño, y el inicio de diálogos con estructuras descendientes de las extintas AUC en la región Caribe.

“El Informe 37 visibiliza algunos logros alcanzados en las iniciativas (...) como la suscripción de acuerdos de implementación inmediata con impacto territorial (...) También destaca la instalación de la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno nacional y Comuneros del Sur, avances en la implementación del Acuerdo Final de Paz y los esfuerzos por acelerar su implementación, sí como la autorización del inicio de procesos con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada”, destacaron en un comunicado de prensa.

Sin embargo, expresaron su preocupación por el nuevo incremento en la involucración de niñas, niños y adolescentes dentro del conflicto por parte de los grupos armados organizados.

“Persistieron acciones de los grupos armados como el reclutamiento forzado, uso, utilización y violencia sexual contra menores de edad; la contaminación de los territorios con artefactos explosivos improvisados; la obstaculización al desarrollo de las labores institucionales; la imposición de restricciones a las comunidades en materia de convivencia ciudadana, de movilidad y del ejercicio autónomo de derechos políticos, especialmente contra autoridades civiles, liderazgos y organizaciones sociales y étnicas”, reiteraron.