Los jóvenes Nelson Darío Vargas Parra, Hugo Armando Garzón Alvarado y Leydi Katherine Gelvez, y el menor de edad Johan Manuel Guzmán Usquiano Martínez, fueron asesinados en 2008 en la vereda Tejarito, municipio de Durania, Norte de Santander. Los cuatro fueron presentados por el Ejército Nacional como guerrilleros que fueron dados de baja en medio de un combate.
La versión oficial de la fuerza pública fue replicada entonces por los medios de comunicación como todo un éxito militar, desconociendo la verdad de los hechos. Los tres jóvenes y el menor de edad eran civiles, y no hacían parte de un grupo armado, como reportó entonces la autoridad, asegurando que los uniformados se habían enfrentado a seis guerrilleros, de los cuales cuatro habían sido abatidos.
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17 años después, los exmilitares involucrados reconocieron que el enfrentamiento que reportaron nunca existió, y que las víctimas estaban en estado de indefensión cuando los asesinaron para mostrar resultados operacionales. La información falsa la entregó la tropa de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas número 8 (Afeur).
Los responsables de estas ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos, son el capitán (r) Fabián Andrés Aristizábal Zapata, así como el sargento (r) Óscar Arley Mosquera Prada y los soldados profesionales (r) Yair Osorio Rangel, Juan Gabriel Calderón, Luis Gabriel Reyes, Segundo Evangelista Sánchez y Carlos Antolínez Calderón.
Así las cosas, en la Audiencia Territorial de Medidas de Satisfacción de Verdad en Cúcuta, Norte de Santander, las familias de las víctimas pidieron a los exmilitares hacer un acto público de perdón.
Acto de perdón por el Caso Afeur: “Asumimos la gravedad de nuestras acciones”
En una nota publicada en el diario La Opinión de Cúcuta el 27 de diciembre de 2024, los comparecientes reconocieron nuevamente su culpabilidad en los hechos, aunque no fueron los máximos responsables, y pidieron perdón a las familias de las víctimas.
“Nos dirigimos a ustedes con el propósito de expresar de manera formal y sincera nuestro más profundo arrepentimiento y reconocimiento por las acciones criminales, que resultaron en el daño irreparable, causado a los familiares de las víctimas”, indicaron en la nota. Allí, aceptaron que fueron retenidas sin justificación y que, posteriormente, fueron asesinadas, estando en condiciones de “total indefensión”.
Luego de 17 años, reconocen que los tres jóvenes y el menor de edad eran personas “honorables” y que no integraban organizaciones guerrilleras. Asimismo, indicaron que tienen la certeza de que no hay palabras o gestos que puedan reparar completamente el sufrimiento y los daños que causaron con sus acciones.
En consecuencia, aseguraron que están dispuestos a enfrentar las consecuencias de sus actos y a buscar los mecanismos necesarios para lograr reparar a las familias y allegados de las víctimas, de tal manera que puedan aliviar lo más posible el sufrimiento que todavía perdura por la pérdida de sus seres queridos. Reafirmaron también su compromiso con la prevención de la violencia en el país y con tomar acciones para evitar que las ejecuciones extrajudiciales vuelvan a presentarse en el territorio nacional.
“Como comparecientes ante la Justicia Transicional, asumimos la gravedad de nuestras acciones en el impacto devastador que estas han tenido, en la vida de los seres queridos de las víctimas. Reconocemos plenamente nuestra responsabilidad en este trágico suceso, y entendemos que nuestras decisiones contribuyeron directamente a los resultados devastadores”, se lee en el documento publicado por el diario La Opinión.
Añadieron: “Solicitamos respetuosamente su comprensión y perdón por las acciones que cometidos. Estamos comprometidos a seguir trabajando para edificar una sociedad más justa y en paz para todos”. Así, los siete exmilitares se comprometieron a honrar y dignificar la memoria de quienes fueron sus víctimas.
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