Defensoría del Pueblo lanzó alerta temprana por enfrentamientos entre disidencias de “Iván Mordisco” y alias “Calarcá” en el sur del país

La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana acerca de los riesgos que enfrenta la población civil en varias regiones del país debido a la intensificación de las disputas armadas entre grupos disidentes.

Según el organismo, la fragmentación del antiguo Estado Mayor Central derivó en enfrentamientos entre las facciones lideradas por alias ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Calarcá Córdoba’, lo que ha generado un panorama de violencia que afecta a 45 municipios y tres áreas no municipalizadas en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Meta, Guaviare y Cauca. La alerta AT 001-25 busca prevenir mayores afectaciones a los derechos humanos en estas zonas.

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La defensora del Pueblo Iris Marín publicó un video en el que advierte sobre “los graves riesgos que enfrenta la población civil en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Meta, Guaviare y Cauca en el sector de piamonte, esto por la fragmentación del anteriormente conocido como Estado Mayor Central, la reconfiguración de las estructuras las tensiones y confrontaciones armadas entre estos grupos disidentes”.

De acuerdo con la Defensoría, los enfrentamientos armados y las tensiones entre estos grupos han tenido un impacto devastador en comunidades indígenas, campesinas y otros sectores vulnerables.

En algunos municipios como Solano y Cartagena del Chairá (Caquetá), Puerto Santander (Amazonas), Mesetas (Meta), Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán (Putumayo), así como en Calamar (Guaviare), ya se han registrado confrontaciones directas que ponen en peligro la vida de los habitantes.

En otras áreas, como San José y El Retorno (Guaviare), el Bajo Putumayo y sectores de Huila y Amazonas, las tensiones podrían escalar hacia enfrentamientos armados, lo que incrementa el riesgo para la población civil.

La alerta detalla una serie de afectaciones graves que ya están ocurriendo en las regiones afectadas. Entre ellas, se destacan el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, especialmente de comunidades indígenas; el desplazamiento forzado de familias enteras; el confinamiento que limita el acceso a bienes esenciales; y las amenazas y homicidios dirigidos contra líderes sociales y comunitarios.

“Las principales afectaciones que hemos identificado en la alerta temprana están: en primer lugar el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes particularmente indígenas provenientes del suroccidente del país, confinamiento y restricciones al acceso a bienes esenciales, desplazamiento forzado, amenazas y homicidios contra liderazgos sociales y comunitarios, contaminación de territorio por minas antipersonal, también afectación al acceso humanitario, riesgos para quienes han desertado de las filas de las disidencias”, explicó la defensora del Pueblo.

Además, la presencia de minas antipersonal (MAP), municiones sin explotar (Muse) y artefactos explosivos improvisados (AEI) contaminó los territorios, restringiendo aún más la movilidad y el acceso a recursos básicos.

La situación también afecta de manera desproporcionada a quienes desertaron de las filas de las disidencias o participan en procesos de sometimiento a la justicia, que enfrentan represalias y carecen de rutas de protección adecuadas. Otro problema señalado es la falta de gestión digna de cadáveres, lo que agrava el impacto humanitario en las comunidades.

La Defensoría identificó a varios grupos poblacionales que enfrentan riesgos específicos debido a las dinámicas del conflicto. Entre ellos se encuentran los líderes sociales y defensores de derechos humanos, que son objeto de amenazas, desplazamientos y estigmatización por parte de ambos bandos.

Los niños, niñas y adolescentes son particularmente vulnerables al reclutamiento forzado, mientras que las mujeres enfrentan riesgos de violencia de género asociados a la estigmatización y los vínculos familiares con miembros de los grupos armados.

Las comunidades indígenas y campesinas también están en el centro de la crisis. Los pueblos indígenas, en particular, enfrentan amenazas a su supervivencia física y cultural debido a la invasión de sus territorios por actores armados y economías ilícitas.

Por su parte, los campesinos sufren desplazamientos, confinamientos y pérdidas económicas derivadas de las restricciones impuestas por los grupos armados. Además, los firmantes del Acuerdo de Paz y las personas que desertaron de las disidencias son blanco de ataques y estigmatización, lo que pone en peligro sus vidas y proyectos de reintegración.

En respuesta a esta compleja situación, la Defensoría del Pueblo emitió 27 recomendaciones dirigidas a diversas entidades del Estado. Estas medidas buscan garantizar una acción coordinada e inmediata para proteger a las comunidades afectadas. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

• Presidencia de la República y Oficina del Alto Comisionado para la Paz: Incorporar un enfoque integral en la Mesa de Diálogos de Paz, priorizando el respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y las garantías de no repetición.
• Ministerio del Interior: Fortalecer las capacidades locales de prevención y protección colectiva, implementando medidas inmediatas en las comunidades en riesgo.
• Fuerza Pública: Diseñar estrategias de seguridad con enfoque en derechos humanos, evitando la estigmatización de las comunidades y respetando el DIH.
• Unidad para las Víctimas: Brindar atención urgente y diferenciada a las personas desplazadas y confinadas.
• ICBF: Implementar medidas para prevenir el reclutamiento de menores en las zonas afectadas.
• Procuraduría General de la Nación: Supervisar activamente los territorios en riesgo y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones a derechos humanos.

Además, se hizo un llamado a los actores armados ilegales para que cesen las hostilidades y respeten a la población civil, en línea con los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH). También se exhortó a la comunidad internacional a fortalecer su acompañamiento en los procesos de paz y en la protección de los derechos humanos en estas regiones.

La Defensoría advirtió que la confrontación entre las disidencias podría intensificarse en los próximos meses, especialmente en corredores estratégicos que conectan regiones selváticas y fronterizas con países como Ecuador, Brasil y Perú, utilizados para actividades ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.

Este escenario no solo incrementará el desplazamiento forzado y el confinamiento de comunidades, sino que también profundizará las vulnerabilidades de los grupos étnicos, campesinos y firmantes del Acuerdo de Paz.

En términos territoriales, se prevé una expansión del conflicto hacia nuevos municipios y áreas no municipalizadas, exacerbando las tensiones en regiones donde los grupos armados buscan consolidar su control. La ausencia de una presencia estatal efectiva en muchas de estas zonas agrava la situación, limitando el acceso a servicios básicos y la protección de los derechos fundamentales.