Una serie de servicios digitales esenciales para el funcionamiento del Senado de la República se encuentran suspendidos, debido a la falta de recursos asignados para la vigencia 2025, según informó la Dirección General Administrativa de esta corporación. Entre los servicios afectados están Controldoc, el sistema de gestión documental; App Mi Senado, para la consulta de proyectos de ley, y Kactus, la plataforma de nómina, todos alojados en la nube y utilizados de manera remota por funcionarios y unidades de trabajo legislativo (UTL).
La causa principal de esta situación radica en que el Ministerio de Hacienda no aprobó el presupuesto correspondiente a las vigencias futuras de 2025, lo que imposibilitó la asignación de los recursos necesarios para proyectos de inversión tecnológica. “Durante el año 2024 no se aprobó el tema presupuestal de las vigencias futuras para el año 2025 por parte del Ministerio de Hacienda para proyectos de inversión, situación que impidió la asignación de los recursos para darle continuidad a los servicios alojados en la nube”, señala el comunicado emitido por la Dirección Administrativa en conjunto con la División de Planeación y Sistemas.
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Desde la dirección se enfatizó que esta suspensión es temporal y que, tan pronto como se liberen los fondos necesarios, “se iniciará el proceso de contratación de estos servicios de manera inmediata”. Sin embargo, la falta de recursos tecnológicos generó inquietudes entre los funcionarios del Senado, ya que limita el acceso a herramientas cruciales para su labor diaria.
Esta no es la primera vez que problemas presupuestales afectan el funcionamiento de las instituciones del Estado. A finales de 2024, múltiples contratistas de entidades gubernamentales, incluyendo el Congreso de la República, denunciaron retrasos en el pago de los honorarios debido a problemas en el flujo de caja asignado por la Dirección General del Tesoro del Ministerio de Hacienda.
En su momento, el Senado informó mediante una circular que los pagos pendientes serían registrados como reservas presupuestales, destacando que las cuentas por pagar “corresponden a bienes y servicios recibidos a satisfacción”.
Y es que el proceso de asignación de recursos para cubrir los honorarios y ajustes salariales de los congresistas es parte de un esquema administrativo más amplio que busca garantizar el funcionamiento adecuado del Congreso. Sin embargo, las dificultades en el flujo de caja en el Ministerio de Hacienda pusieron en evidencia la necesidad de una mayor previsión y eficiencia en la gestión presupuestal, en especial. en un período crítico como el cierre del año fiscal.
De esta manera, la espera por los recursos no solo afecta a los congresistas, sino también a los procesos administrativos que dependen de un cumplimiento oportuno en la asignación de fondos.
Una situación similar se vivió en otras entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT). En una carta dirigida a sus directores y altos mandos, la Secretaría General recomendó priorizar el trabajo virtual en el cierre del año, debido a la falta de desembolsos de recursos del Ministerio de Hacienda. “La especial situación que se presenta en este cierre del año y las circunstancias presupuestales sobrevinientes (...) recomiendan dar prelación a la prestación de servicios contractuales preferiblemente de manera virtual en el cierre de la vigencia 2024″, señaló el memorando fechado el 19 de diciembre.
El congelamiento de recursos asignados para la modernización tecnológica del Senado no solo impacta a los funcionarios, sino también a la ciudadanía que depende de un Congreso eficiente en su gestión. En este contexto, se refuerza la necesidad de garantizar la aprobación oportuna de los presupuestos que permitan la continuidad de los servicios fundamentales en todas las instituciones del Estado.