Desde el 2020, las sanciones por incumplir la medida de Pico y placa en Colombia dejaron de estar vinculadas al salario mínimo mensual legal vigente (Smmlv).
Este cambio, que inicialmente se implementó con base en la Unidad de Valor Tributario (UVT), evolucionó aún más con la introducción de la Unidad de Valor Básico (UVB), una medida tributaria que busca aliviar el impacto económico de las multas en los ciudadanos.
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Esta modificación se consolidó como parte del Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno, y desde el 2024 las sanciones de tránsito en general se calculan bajo este nuevo parámetro.
De acuerdo con la circular externa 077, emitida el 16 de enero de 2024, el Gobierno nacional oficializó el uso de la UVB como base para determinar el valor de las multas de tránsito.
Esta unidad, introducida en 2022, utiliza como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero excluye los costos relacionados con alimentos y bienes regulados, lo que permite un cálculo más estable y menos influenciado por las fluctuaciones del mercado o la inflación. Se debe tener en cuenta que para este año, el valor de la UVB se estableció en 11.552 pesos.
El medio destacó que, antes de 2020, las multas por infracciones como el incumplimiento del pico y placa se calculaban con base en el salario mínimo, lo que implicaba un aumento automático cada vez que este se incrementaba. Sin embargo, con la transición a la UVT y posteriormente a la UVB, el costo de las sanciones se ha reducido significativamente.
Por ejemplo, para el año 2025, la multa por no respetar el pico y placa será de 604.100 pesos, un monto considerablemente menor a los 711.750 pesos que se habrían cobrado si se mantuviera el cálculo basado en el salario mínimo.
Este ajuste responde a la necesidad de mitigar el impacto financiero de las multas en los ciudadanos, especialmente en un contexto económico donde el aumento del salario mínimo no siempre refleja una mejora proporcional en el poder adquisitivo de las personas.
Las sanciones por incumplir el pico y placa se imponen a través de operativos realizados por agentes de las secretarías de movilidad en las ciudades donde aplica esta medida.
Además, las cámaras de fotodetección juegan un papel clave en la identificación de infractores. En ciudades como Medellín y su área metropolitana, las cámaras LPR (License Plate Recognition) también contribuyen al monitoreo, aunque su función principal es alertar a los agentes de tránsito sobre posibles infracciones, sin imponer directamente las multas.
Este sistema de vigilancia, que combina la labor humana con herramientas tecnológicas, busca garantizar el cumplimiento de la medida y mejorar la movilidad en las ciudades afectadas por altos niveles de congestión vehicular.
El cambio en el cálculo de las multas tiene su origen en la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019, que en su artículo 49 estableció que las sanciones de tránsito dejarían de calcularse con base en el salario mínimo. Este fue el primer paso hacia un sistema más equitativo, que posteriormente evolucionó con la adopción de la UVB en 2022.
La UVB se diseñó para reflejar el costo de vida sin las distorsiones provocadas por la inflación en sectores específicos, como los alimentos. Este enfoque permite que las multas sean más predecibles y menos susceptibles a incrementos abruptos, lo que beneficia tanto a los ciudadanos como a las autoridades encargadas de su aplicación.
Además, al desvincular las multas del salario mínimo, se evita que estas se perciban como una carga desproporcionada para los ciudadanos, especialmente aquellos con ingresos limitados. Este cambio también podría tener un impacto positivo en la percepción pública de las medidas de tránsito, al ser vistas como más justas y razonables.
En este contexto, el uso de tecnología como las cámaras de fotodetección y los sistemas de reconocimiento de placas seguirá siendo fundamental para reforzar la vigilancia y asegurar que las medidas como el pico y placa cumplan su objetivo principal: mejorar la movilidad y reducir la congestión en las principales ciudades del país.