JEP ordenó el traslado de 124 firmantes de paz que están en el Catatumbo por riesgo para sus vidas

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) recrudeció la guerra interna en la región del Catatumbo (Norte de Santander) en aras de ejercer un control total en varios municipios. Para ello, está llevando a cabo enfrentamientos con las disidencias de las Farc, los cuales también han afectado gravemente a la población civil.

Los combates derivaron en una crisis humanitaria que no se veía hace varios años en Colombia y que llevó al Gobierno nacional a declarar conmoción interior en la región. Mientras tanto, continúan los esfuerzos por rescatar a los habitantes que todavía pertenecen en el territorio, cuyas vidas están en riesgo. Entre ellos hay varios firmantes de paz.

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Por lo menos seis excombatientes de las antiguas Farc-EP fueron asesinados en el Catatumbo por integrantes del ELN y algunos de ellos han podido ser evacuados. No obstante, todavía quedan firmantes en el departamento. Es por eso por lo que la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó el traslado de 124 de ellos, que están en procesos de reincorporación, a un lugar seguro.

Asimismo, ordenó adelantar otras acciones humanitarias con el fin de preservar la vida de los firmantes y de garantizar sus derechos, puesto que los excombatientes no solo han sido víctimas de asesinatos, sino también de secuestros. Según reportes actualizados, al menos 30 civiles están secuestrados y, junto con ellos, hay un número todavía desconocido de firmantes de paz.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, información del Puesto de Mando Unificado (MPU) correspondientes al 22 de enero de 2025 indican que 25 firmantes han sido evacuados por la fuerza pública y 15 permanecen desaparecidos.

“Las decisiones emitidas son de carácter urgente. Según cifras de la Defensoría del Pueblo presentadas a la JEP, cerca de 80 personas han sido asesinadas y al menos 11.000 desplazadas. Por su parte, los abogados de los excombatientes de las antiguas Farc-EP denunciaron ante esta Jurisdicción que, entre el 15 y el 22 de enero, fueron asesinados los firmantes Pedro Rodríguez Mejía, Johan Carlos Carvajal Quintero, Albeiro Díaz Freno, Jon Freddy Carrascal García, Sergio Vivas y Pedro Nel Angarita”, precisó la JEP en un comunicado.

Así las cosas, el tribunal de paz ordenó a entidades del Estado responsables de proteger a los excombatientes que tomar acciones para protegerlos. Al Ministerio de Defensa, por un lado, le ordenó hacer el proceso de extracción de los 124 firmantes de manera inmediata. De igual manera, solicitó a la cartera que mantenga los anillos de seguridad en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (Etcr) Caño Indio y en la nueva área de reincorporación (NAR) Tibú.

Por otro lado, ordenó a la Fiscalía General de la Nación y a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas ejecutar un plan para localizar a los excombatientes que están desaparecidos. Sumó también otra orden para el ente acusador, relacionado con la presentación de un informe detallado de las investigaciones que se han hecho sobre la criminalidad en el Catatumbo. La cartera de Defensa también deberá allegar un informe sobre las acciones implementadas para garantizar la protección de los firmantes.

El Ministerio del Interior, por su parte, deberá implementar un plan de atención humanitaria para personas en proceso de reincorporación y desarrollar una estrategia para prevenir violencias basadas en género. Eso, en coordinación con autoridades municipales y departamentales.

Las órdenes de la JEP también incluyen a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, que deberá, si es necesario, desembolsar recursos del seguro funerario para las familias de firmantes asesinados y de la renta básica para entregar a los firmantes de paz del Catatumbo de manera prioritaria. De igual manera, ordenó que ejecute un plan de acción para dar continuidad a los proyectos productivos de los firmantes.

Finalmente, el Ministerio Público tendrá que diseñar una estrategia para garantizar la atención urgente y masiva de excombatientes en la región, lo cual incluye la toma de sus declaraciones sobre los hechos de violencia que se están presentando en el departamento.

“Proteger los derechos fundamentales de los comparecientes ante la JEP, no solo redunda en el compromiso del Estado con quienes firmaron el Acuerdo Final de Paz para participar activamente en la política, sino también con las víctimas que sufrieron los vejámenes del conflicto armado”, añadió la JEP.