Debido a la oleada de violencia que protagoniza el ELN en la región del Catatumbo, en Norte de Santander, el presidente Gustavo Petro anunció que declararía conmoción interior para consolidar la intervención en este territorio y buscar que la ciudadanía esté segura en el menor plazo de tiempo posible.
A pesar de las críticas que se registraron debido al pronunciamiento del mandatario, el 24 de enero se decretó de manera oficial en conmoción interior no solo el Catatumbo, sino en el área metropolitana de Cúcuta y dos municipios del departamento de Cesar, más específicamente Río de Oro y González.
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Luego de que se hizo oficial la medida, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, explicó las excepciones que tendrá el Gobierno nacional para fortalecer el decretó y que la intervención sea más eficaz.
“El decreto de conmoción interior permite que cada cartera, en su área de especialidad, adopte las normas y decretos necesarios para enfrentar las necesidades urgentes. No estamos hablando de medidas ordinarias, sino de medidas extraordinarias, diseñadas para responder a la magnitud de la situación que estamos viviendo”, indicó la ministra.
Sobre las “excepciones” mencionadas por Buitrago está la posibilidad de que el Estado pueda reforzar la seguridad de la región, hasta el punto de modificar de manera temporal aspectos legislativos y fiscales.
Al hablar del accionar del Ministerio de Justicia, la encargada de esta cartera indicó que se buscará intensificar la lucha contra el narcotráfico en la región, puesto que durante más de 50 años el Catatumbo ha sido considerada una zona crucial para varias rutas de envío de droga hacía Estados Unidos y Europa.
De la misma forma, esta cartera priorizará que las personas tendrán acceso a la justicia en el contexto de conmoción interior, es decir, que puedan denunciar de manera directa cualquier aspecto que los afecte, puesto que el objetivo más cercano a cumplir es permitir que las poblaciones tengan agilidad en los procesos judiciales.
“El acceso a la justicia es fundamental, y por eso, el Ministerio de Justicia impulsará acciones que faciliten el desplazamiento seguro de los funcionarios judiciales, así como el establecimiento de acuerdos que permitan la protección de personas y la ejecución de procesos judiciales de manera eficiente”, mencionó la ministra.
Buitrago defendió la decisión del presidente Petro al afirmar que la conmoción interior no es una medida exagerada o que busque un objetivo adicional al de poder ejecutar una “intervención precisa en una región donde la violencia ha escalado de manera preocupante”.
En ese sentido, la ministra de Justicia recordó que la oleada de violencia por parte del ELN ha provocado que se registren más casos de persecución, asesinatos y otros tipos de violencia que han sometido a la población civil en el Catatumbo, por lo que la medida es una acción necesaria en su opinión.
Cabe recordar que el Gobierno nacional y las Fuerzas Militares han informado que el grupo armado realizó “asesinatos selectivos” de firmantes del acuerdo de paz, a quienes señalaron de seguir ligados al conflicto armado y pertenecer a las disidencias de las Farc.
“Dentro del decreto encontrarán varias de las razones por las cuales se necesita utilizar estas medidas extraordinarias. La principal es la urgente necesidad de restablecer el orden y devolver la seguridad a las comunidades”, declaró Ángela María Buitrago.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha asegurado que la crisis en Norte de Santander es consecuencia de la poca presencia que tuvieron los gobierno anteriores y no de las acciones que ha tenido su gobierno desde que se posesionó en 2022.
“La debilidad de las políticas ante la criminalidad es haber hecho trizas la paz, dejado la frontera en manos de la mafia y al mismo tiempo, haber reducido a la mitad las tropas en el Catatumbo”, indicó el mandatario.
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