Gobierno colombiano evalúa incluir a Arauca en el decreto de conmoción interior

La posibilidad de que Arauca sea incluido en el decreto de conmoción interior, inicialmente previsto para el Catatumbo, generó un intenso debate en el del Gobierno colombiano. La propuesta del presidente Gustavo Petro de extender la medida a esta región retrasó la publicación del decreto, que se esperaba para el jueves 23 de enero. La decisión se encuentra en análisis debido a las implicaciones legales y políticas que podría acarrear, especialmente ante un eventual control de la Corte Constitucional.

Petro argumenta que el accionar criminal que afecta al Catatumbo tiene sus raíces en Arauca. En una publicación en su cuenta de X, el mandatario afirmó que “las tropas del ELN salieron mayoritariamente de Arauca” y que su objetivo es controlar la frontera, apoyándose económicamente en el narcotráfico del Catatumbo. Esta hipótesis, que también fue discutida en reuniones del alto gobierno, sostiene que los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) habrían transitado desde Arauca hacia el Catatumbo, posiblemente cruzando por Venezuela, lo que añade un componente de tensión con el régimen de Nicolás Maduro.

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La propuesta de incluir a Arauca en el decreto no fue bien recibida por todos los miembros del gabinete. Al parecer, algunos ministros ya habían firmado el documento original, lo que implicaría rehacerlo para incorporar esta nueva región. Este cambio generó un extenso debate en la Casa de Nariño, donde el equipo jurídico del Ejecutivo evalúa cómo justificar la medida para evitar que sea anulada por la Corte Constitucional. La intención del Gobierno es que el documento quede listo mismo jueves, aunque el proceso se ha visto ralentizado por las discusiones internas.

En la reunión participaron altos mandos de las fuerza pública, entre ellos el almirante Francisco Hernando Cubides, comandante general de las Fuerzas Militares; el mayor general Omar Sepúlveda, segundo comandante del Ejército Nacional; el vicealmirante Juan Ricardo Rozo, comandante de la Armada; y el general William René Salamanca, director general de la Policía. La presencia de estas figuras subraya la importancia estratégica y de seguridad nacional que reviste la decisión.

El decreto de conmoción interior busca atender la grave crisis humanitaria que afecta a la región del Catatumbo, donde más de 40.000 personas han sido desplazadas, principalmente hacia Cúcuta y Ocaña. Según Petro, la medida pretende mitigar las consecuencias inmediatas del conflicto y “erradicar sus causas”. En este sentido, el mandatario insistió en la necesidad de un pacto social que incluya tanto a Arauca como al Catatumbo, con proyectos que deben ser financiados para garantizar su implementación.

De otro lado se conoció que Petro canceló su participación en el lanzamiento del programa “Economía Popular para el Cambio”, previsto para el jueves en Barranquilla, Atlántico, debido a la prolongación de las discusiones en la Casa de Nariño.

La conexión entre Arauca y el Catatumbo en el contexto del conflicto armado es un punto central en las deliberaciones del Gobierno. De acuerdo con el mandatario, la mayoría de los guerrilleros del ELN que operan en el Catatumbo provienen de Arauca, lo que refuerza la idea de que ambas regiones están interrelacionadas en términos de dinámicas criminales. Además, se planteó la posibilidad de que los guerrilleros hayan utilizado territorio venezolano para facilitar su tránsito, lo que añade un componente internacional al problema.

En su publicación en X, Petro señaló directamente a “Pablito”, uno de los líderes del ELN, como el principal responsable de las acciones en el Catatumbo. Según el presidente, el objetivo del grupo guerrillero es consolidar su control territorial para utilizarlo como una carta de negociación internacional y, al mismo tiempo, enriquecerse mediante el narcotráfico.

El equipo jurídico del Ejecutivo trabaja en la elaboración de argumentos sólidos que justifiquen la medida, con el fin de evitar que sea declarada inconstitucional. La Corte Constitucional ha sido históricamente rigurosa en su evaluación de los estados de excepción, lo que obliga al Gobierno a presentar pruebas contundentes de la necesidad y proporcionalidad de la medida.

Además, la decisión de extender el decreto a Arauca podría generar tensiones políticas tanto dentro como fuera del Gobierno. Mientras algunos sectores del gabinete expresaron su oposición a la propuesta, la inclusión de esta región también podría ser vista como una escalada en la estrategia de seguridad de Petro, lo que podría tener repercusiones en su relación con otros actores políticos y sociales.