La crisis del sistema de salud en Colombia alcanzó niveles alarmantes, con una deuda hospitalaria que podría superar los 12 billones de pesos, según denunció el expresidente César Gaviria.
En un pronunciamiento reciente, el exmandatario señaló que el incumplimiento del Gobierno frente a las órdenes de la Corte Constitucional agravó la situación, lo que afectó tanto a los hospitales como a los pacientes, en especial, a aquellos con condiciones de salud críticas.
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Frente a ello, Gaviria criticó con dureza al Ministerio de Salud por no garantizar el financiamiento adecuado del sistema, lo que lo hizo incumplir con las disposiciones legales y constitucionales que protegen el derecho fundamental a la salud.
Recordó que el alto tribunal emitió órdenes claras desde 2023 para que se asignen los recursos necesarios, pero el Gobierno solo cumplió de manera parcial, lo que generó un impacto negativo en la sostenibilidad del sistema y en el acceso a los servicios médicos.
En el pronunciamiento, Gaviria recordó que la Corte Constitucional, por medio de la sentencia de tutela T-760 de 2008, estableció que el derecho a la salud no depende de la voluntad de los gobiernos de turno, sino que es una obligación ineludible. Sin embargo, según el expresidente, el Ministerio de Salud desatendió las órdenes judiciales emitidas en 2023, que incluyen dos medidas fundamentales: garantizar la suficiencia de recursos para los presupuestos máximos y sanear la deuda acumulada correspondiente a las vigencias de 2022, 2023 y 2024.
De igual forma, el expresidente calificó como “grave” el incumplimiento del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y respaldó la decisión de la Corte de abrir un incidente de desacato contra el funcionario. Según Gaviria, la situación representa una afrenta directa a la Constitución y al Estado Social de Derecho.
“Es sumamente preocupante y grave el incumplimiento del ministro. Tiene pleno fundamento la decisión de la Corte de abrir un incidente de desacato al ministro de Salud ante el evidente desconocimiento de estas órdenes”, afirmó.
Y es que la falta de financiamiento suficiente tuvo consecuencias devastadoras para el sistema de salud. Por ejemplo, los hospitales enfrentan una creciente deuda que pone en riesgo su operación, mientras que los pacientes, en especial aquellos con enfermedades graves, vieron comprometido el acceso a tratamientos y servicios esenciales.
El expresidente destacó que la cartera morosa del sistema de salud podría superar los 12 billones de pesos, lo que refleja la magnitud de la crisis. Además, señaló que esta situación afectó de manera significativa a los llamados “enfermos especiales”, quienes requieren atención médica constante y especializada.
En la carta, Gaviria también cuestionó las medidas adoptadas por el Gobierno para abordar la crisis. Según él, la reciente resolución emitida por el Ministerio de Salud, que modifica la metodología de cálculo de los presupuestos máximos, podría empeorar la situación al reducir aún más los recursos asignados al sistema.
“La respuesta del Gobierno ante las actuaciones de la Corte nos parecen temerarias. Tan solo expidió una resolución, con poca socialización, modificando la metodología de cálculo de dichos presupuestos máximos, paradójicamente, de una forma que podría generar aún más reducciones en su valor, desfinanciando aún más el sistema de salud”, puntualizó Gaviria.
La crisis del sistema de salud en Colombia se convirtió en una de las principales preocupaciones en la agenda política y social del país. Las críticas de Gaviria se suman a las de otros sectores que exigen al Gobierno cumplir con los mandatos de la Corte Constitucional y garantizar el acceso a la salud para millones de colombianos.
El expresidente recalcó que la salud es un derecho fundamental protegido por la Constitución y que garantizarlo no puede depender de la coyuntura fiscal ni de las ideologías políticas. En este sentido, hizo un llamado al Gobierno para que asuma su responsabilidad y adopte medidas efectivas que permitan superar la crisis actual.
La situación sigue siendo crítica, y la presión sobre el Gobierno aumenta a medida que se intensifican las demandas de solución. Mientras tanto, los hospitales, los profesionales de la salud y los pacientes enfrentan las consecuencias de un sistema que lucha por mantenerse a flote en medio de la desfinanciación y el incumplimiento de las obligaciones legales.