El próximo lunes 27 de enero, Armando Benedetti, exembajador ante la FAO y actual asesor de la Presidencia, deberá comparecer ante la Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, en el marco de una investigación que busca esclarecer posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Esta diligencia tiene como objetivo escuchar la versión de Benedetti sobre los manejos financieros de la campaña, en particular en la región Caribe, donde se habrían movilizado recursos que ahora están bajo escrutinio.
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Esta no es la primera vez que Benedetti es citado por la Fiscalía. El exembajador ya había sido convocado el 28 de octubre de 2024 para una declaración virtual, pero no asistió ni justificó su ausencia.
Este incumplimiento ha generado cuestionamientos sobre su disposición a colaborar con las autoridades en un caso que ha captado la atención pública debido a sus implicaciones políticas y económicas.
La investigación, liderada por la fiscal Sandra Portillo, se centra en determinar si durante la campaña presidencial de 2022 se cometieron infracciones al régimen de financiación de partidos y movimientos políticos, así como violaciones a los topes establecidos para el manejo de recursos.
El caso también involucra a otros actores clave, como el exgerente de campaña Ricardo Roa, los auditores de la campaña y los partidos Unión Patriótica y Colombia Humana, que respaldaron la candidatura de Petro.
En paralelo, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes ha anunciado una inspección en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) el martes 28 de enero. Según detalló Blu Radio, esta diligencia busca revisar el expediente de los magistrados Benjamín Ortíz y Álvaro Hernán Prada, quienes están a cargo de la investigación administrativa contra el presidente Gustavo Petro y su equipo de campaña.
Uno de los elementos más controvertidos de esta investigación son los audios filtrados en junio de 2023, publicados por la revista Semana, en los que Armando Benedetti conversa con Laura Sarabia, exjefa de gabinete del gobierno de Petro.
En estas grabaciones Benedetti hace fuertes declaraciones sobre su papel en la recolección de fondos para la campaña presidencial, afirmando que habría conseguido 15.000 millones de pesos (aproximadamente 3.7 millones de dólares) en la región Caribe.
En los audios, Benedetti reclama no haber recibido un cargo en Bogotá a cambio de su contribución y lanza amenazas sobre revelar información comprometedora. “Hice 100 reuniones, di 15.000 millones de pesos. Si no es por mí, no ganan. Así sea de hipócrita uno va a recibir a la gente”, se escucha en uno de los fragmentos. En otro momento, el exembajador advierte: “Nos hundimos todos, nos vamos presos”. Estas declaraciones han generado un fuerte impacto mediático y han intensificado las sospechas sobre posibles irregularidades en la financiación de la campaña.
Entre los testigos que han comparecido ante la Fiscalía se encuentran Diego Fernando Buitrago Mora, representante legal de Ingenial Media, y el empresario catalán Xavier Vendrell. Ambos habrían sido interrogados sobre su conocimiento de los movimientos financieros y su posible participación en los hechos investigados.
La insistencia de la Fiscalía en obtener la declaración de Benedetti subraya la relevancia de su testimonio para esclarecer los hechos. Según Caracol Radio, los investigadores buscan respuestas sobre el origen y destino de los recursos utilizados en la campaña, especialmente en la región Caribe, donde Benedetti habría tenido un papel clave.
El caso ha generado un intenso debate en el ámbito político colombiano, dado que involucra directamente al presidente Gustavo Petro y a figuras destacadas de su círculo cercano. Según El Colombiano, la investigación no solo pone en tela de juicio la transparencia en el manejo de los recursos de la campaña, sino que también podría tener implicaciones legales para los involucrados, dependiendo de los hallazgos de la Fiscalía y el CNE.
Por su parte, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes continúa avanzando en su propia indagación, lo que refleja la magnitud del caso y la presión por garantizar la rendición de cuentas en un proceso electoral que marcó un hito en la historia política del país.
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