El Tribunal Administrativo de Cundinamarca extendió la suspensión del proceso judicial relacionado con la licitación de los pasaportes en Colombia, que le da la continuidad a una previa ampliación que corrió desde el 3 de octubre del 2024 hasta el 23 de enero del año en curso, y que ahora irá hasta el 4 de febrero.
La disputa involucra una demanda por 117.000 millones de pesos presentada por la Unión Temporal Pasaportes 2023. Según informó El Tiempo, esta nueva prórroga estará vigente con el objetivo de permitir que las partes evalúen la posibilidad de llegar a un acuerdo que podría evitar un fallo adverso con graves implicaciones financieras para el Estado.
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La explicación otorgada por el medio es que la demanda fue interpuesta por la Unión Temporal Pasaportes 2023, un consorcio liderado por la firma Thomas Greg & Sons, que incluye además a Thomas Greg Express, Tomas Greg & Sons Limited (Guernsey) S.A., Seguridad Móvil de Colombia, Thales Colombia S.A. y Thales DIS Finland Oy.
Este grupo busca una compensación económica por los presuntos perjuicios derivados de la decisión del entonces canciller Álvaro Leyva, que en el 2023 declaró desierta la licitación pública para la emisión de pasaportes, un contrato valorado en 599.651 millones de pesos, que dejó serios perjuicios económicos a Thomas Greg & Sons.
Suspensión para buscar un acuerdo
Según el documento que comunica la suspensión, el proceso judicial está bajo la supervisión de la magistrada Bertha Lucy Ceballos y la reactivación estaba programada para el 23 de enero de 2025, pero tanto la Cancillería como Thomas Greg & Sons solicitaron una nueva prórroga.
Según detalló el medio nacional, esta pausa adicional busca que se explore la posibilidad de un consenso que permita retirar la millonaria demanda y evitar un fallo que podría representar un golpe significativo para las finanzas públicas.
El actual canciller, Luis Gilberto Murillo, ha adoptado un enfoque más conciliador en comparación con su predecesor. Según el medio, Murillo ha planteado la posibilidad de llegar a un acuerdo con la Unión Temporal Pasaportes 2023, mientras que la firma demandante se encuentra consultando con sus socios sobre la viabilidad de retirar la acción legal.
Por su parte, el excanciller Leyva cumple con la destitución e inhabilidad por 10 años, debido a que su decisión de declarar desierta la licitación violó los principios de la contratación estatal, según decidió la Procuraduría General de la Nación.
De hecho, Leyva también se negó en su momento a buscar una conciliación con Thomas Greg & Sons, lo que podría haber evitado el litigio actual.
La solicitud que habían realizado las partes
Esta solicitud, presentada el 22 de enero de 2025, busca ampliar el plazo inicialmente establecido. El caso se encuentra suspendido desde de octubre de 2024, cuando las partes (el Ministerio de Relaciones Exteriores y la empresa Thomas Greg & Sons) acordaron detener temporalmente el proceso judicial.
La petición fue radicada en el Sistema de Gestión Judicial (Samai) y continúa en los hombros de la magistrada Bertha Lucy Ceballos Posada, quien tiene a su cargo el caso en la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Excanciller Álvaro Leyva rechazó vinculación con decisiones de Luis Gilberto Murillo sobre pasaportes
El exministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, expresó su desacuerdo con las declaraciones del actual canciller, Luis Gilberto Murillo, en relación con las decisiones tomadas sobre la contratación de pasaportes.
Según informó Semana, Leyva utilizó sus redes sociales para desmentir cualquier vínculo con las medidas adoptadas por Murillo, y dijo que este último no consultó con él antes de proceder.
“Lo que haya hecho o haya dejado de hacer el canciller Murillo una vez asumió el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el mencionado tema nada tiene que ver conmigo. Entonces, para ser claros, no tiene él por qué vincularme a sus decisiones”, dijo.
El conflicto entre ambos funcionarios tiene sus raíces en el polémico contrato de impresión de pasaportes, que durante años ha estado en manos de la empresa privada Thomas Greg & Sons. De hecho, el gobierno del presidente Gustavo Petro busca que la producción de estos documentos pase a la Imprenta Nacional a partir de septiembre de 2025.
Sin embargo, mientras se concreta este cambio, se solicitó oficialmente a Thomas Greg & Sons que continúe con la impresión de los pasaportes.
Esta decisión ha generado controversia, ya que el presidente Petro ha manifestado su interés en evitar que Thomas Greg & Sons siga beneficiándose de contratos estatales.
El excanciller Álvaro Leyva se opuso firmemente a que Thomas Greg & Sons obtuviera nuevamente la licitación para la impresión de pasaportes y eso le costó su cargo.
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