Sandra Ortiz no negó ni confirmó haber participado en escándalo de la Ungrd: pidió a Petro “que sea garante” para contar la verdad

Como parte de las investigaciones sobre el caso de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), surgieron el miércoles 22 de enero nuevos elementos que apuntan a una compleja red de sobornos y financiamiento político.

El caso también salpicó a la ex consejera para las Regiones Sandra Ortiz, que actualmente se encuentra detenida en la Escuela de Carabineros de Bogotá. Según detalló Noticias Caracol, Ortiz habría recibido parte de los recursos provenientes de los sobornos. En una entrevista con este medio, Ortiz no negó ni confirmó haber entregado 3.000 millones de pesos a Iván Name Vásquez, aunque aseguró que está dispuesta a revelar “toda la verdad” sobre el caso.

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Durante la entrevista, Ortiz mencionó que su vida está en peligro debido a la información que posee, al señalar que uno de los principales testigos del caso fue asesinado en Bogotá hace unos meses; además, afirmó que existen personas cercanas al presidente que habrían movido los hilos de corrupción desde la Casa de Nariño.

“Yo ya dije lo que tenía que decir (...). Desde el principio que yo hablé, y sigo hablando ante los medios de comunicación y ante el país, es que yo quiero decirles la verdad y hay una historia que contar”, afirmó.

Aunque evitó dar nombres específicos, mencionó que un familiar de una mujer cercana al presidente habría solicitado 12.000 millones de pesos a empresarios a cambio del cargo en la Ungrd.

Ortiz también expresó su preocupación por ser la única detenida en el caso, a pesar de que las investigaciones apuntan a la participación de varios congresistas y altos funcionarios. Según sus declaraciones, la Fiscalía la acusa de tráfico de influencias y lavado de activos, pero no ha imputado cargos similares a otros implicados.

La mujer agregó que la quieren matar “las personas que están interesadas en que no hable la verdad, que no cuente la historia, porque sí hay una historia para contar”.

Por su parte, la ex consejera para las Regiones insistió en que está dispuesta a colaborar con las investigaciones, pero solicitó garantías para su seguridad. En sus declaraciones, pidió al presidente que sea garante de que “se sepa la verdad” sobre lo ocurrido en la Ungrd y que cada implicado asuma su responsabilidad.

Mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento de los hechos, el país sigue atento a las revelaciones que puedan surgir en torno a este escándalo, que no solo afecta la confianza en las instituciones, sino que también pone en entredicho la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

El escándalo, que salió a la luz hace once meses, involucra irregularidades en la adquisición de 40 carrotanques por parte de la Ungrd. Según las investigaciones, los contratos relacionados con estos vehículos habrían sido ejecutados en enero de 2024, y los sobornos asociados no solo afectaron la gestión de recursos públicos, también tuvieron implicaciones en el financiamiento de campañas políticas, pues derivaron en un sobre costo de aproximadamente $13.700 millones.

De acuerdo con las indagaciones, los pagos ilícitos se habrían utilizado para beneficiar a candidatos relacionados con los congresistas implicados, lo que pone en evidencia cómo la corrupción en la Ungrd trascendió el ámbito administrativo para influir en el panorama político local y nacional.

La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación continúan con las indagaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de todos los involucrados en este caso que ha sacudido al país. Las autoridades buscan verificar la existencia del préstamo de $4.000 millones como un elemento clave para desentrañar la red de corrupción.

Recientemente, se conoció que el exsenador liberal Pedro José Castro Espinosa habría otorgado un préstamo de 4.000 millones de pesos al entonces subdirector de la Ungrd, Sneyder Pinilla, fondos que presuntamente fueron utilizados para pagar coimas a altos funcionarios del Congreso. Entre los señalados como beneficiarios de estos pagos se encuentran el expresidente del Senado, Name, y el exlíder de la Cámara, Andrés Calle, del Partido Liberal.

De acuerdo con las investigaciones, el préstamo, que incluía un interés mensual del 2,3%, también habría servido para financiar campañas políticas de familiares de los congresistas implicados. Parte de estos recursos se habrían destinado a la campaña de la hija de Iván Name al Concejo de Bogotá y a las elecciones locales en Córdoba, donde participaron familiares de Andrés Calle.

Aunque no se ha señalado que Castro Espinosa recibiera directamente dinero del saqueo a la Ungrd, su rol como prestamista hace que su figura sea clave en el entramado de corrupción; por tal motivo, la Corte Suprema de Justicia lo citó el 21 de enero con el objetivo de esclarecer su participación en estos hechos.