El 2 de abril de 2024, la EPS Sanitas, que cuenta con más de cinco millones de afiliados entre el régimen contributivo y el subsidiado, fue intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud; para entonces, Luis Carlos Leal ejercía como superintendente. Esto, al analizar sus estados financieros y determinar que no tenía solvencia económica, empeorada por billonarias deudas.
“Las deudas que presenta esta EPS con los prestadores de servicios venían incrementando y para el año pasado, a corte de diciembre, cerraron con $2 billones de pesos, lo que claramente afecta la prestación de los servicios de salud”, explicó en su momento el exsupertintendente Nacional de Salud, citado por el Ministerio de Salud.
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En consecuencia, se asignó un agente interventor para resolver los problemas de la entidad promotora de salud y garantizar la correcta prestación de los servicios a millones de usuarios. Además, el representante legal de Sanitas, los accionistas y los integrantes de la Junta Directiva fueron removidos.
La intervención ordenada por la Superintendencia no gustó desde el inicio y, ahora, se ve reflejada en una demanda arbitral que perjudica al Estado colombiano. Las empresas españolas Natanor XXI y Centauro Capital, propietarias de la EPS, instauraron una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) para exigir una compensación de 1.200 millones de dólares por la intervención.
Pues, desde su perspectiva, la medida tomada por la Superintendencia en abril de 2024 constituyó una “expropiación indirecta” y, además, va en contra de un acuerdo suscrito entre Colombia y España para la protección recíproca de inversiones.
La crítica de Paloma Valencia por la demanda contra el Estado
En el momento en el que la entidad intervino la EPS, varios políticos cuestionaron la decisión y alertaron sobre consecuencias nefastas para los colombianos, entre ellas, la senadora Paloma Valencia, actual precandidata a la Presidencia de 2026. Luego de más de ocho meses de intervención, y con una demanda problemática, la congresista se pronunció, exigiendo respuestas por parte de quienes ordenaron y permitieron la intervención.
Según explicó en su cuenta de X, si la demanda surte efecto, el Estado colombiano tendría que asumir una costosa compensación. Esto, en medio de una situación financiera preocupante, que trata de resolverse con una política de austeridad. En consecuencia, aseguró que los responsables deberían dar aportes con sus propios recursos.
“Las demandas internacionales sobre el tema de Sanitas van a ser muy costosas para Colombia. Los petristas que tomaron esas decisiones abusivas e ilegales deberían responder con su propio patrimonio”, precisó la servidora pública.
Advertencia de Paloma Valencia ante la intervención a Sanitas
En abril de 2024, la congresista del Centro Democrático aseguró que la decisión tomada por la entidad de vigilancia evidenciaba un interés de carácter político por parte del Gobierno nacional, que, a su juicio, estaría teniendo características propias de una dictadura.
“Se la entregan a un interventor que se va a robar todo, como se han robado todas las EPS en este país, porque el peor momento de la salud colombiana es cuando el Estado la toma, porque se la entregan a los políticos para que la depreden”, indicó Valencia desde el Congreso de la República.
No obstante, en su momento, el presidente Gustavo Petro defendió la intervención establecida por la Superintendencia, explicando que es responsabilidad del Gobierno nacional garantizar el derecho a la salud y salvar el sistema, que se ha visto envuelto en varias denuncias por malos manejos de los recursos públicos, destinados a la atención de los ciudadanos.
“El actual sistema como desde hace años se venía denunciando desde diferentes instancias de control administrativo, judicial y político, extrajo recursos públicos por decenas de billones de pesos que no se invirtieron de acuerdo a la ley y se perdieron, y debemos de actuar de acuerdo a la ley y la constitución y con decisión”, aclaró entonces el jefe de Estado.
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