La toma violenta a manos de integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra el frente 33 de las disidencias de las Farc, ha dejado a la población civil como los mayores afectados debido al desplazamiento, confinamiento y asesinato de personas que nada tenían qué ver en el conflicto, ya sea por tratarse de excombatientes o pobladores.
Y es que de acuerdo con el último reporte de Medicina Legal, entregado por su director, Jorge Arturo Jiménez, en rueda de prensa, de los 41 cuerpos reportados al instituto, tres serían de menores de edad.
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Lamentablemente, la guerra en esta zona del país inició cobrando la vida de un bebé de apenas nueve meses, Miguel López, que murió junto a sus padres en Tibú (Norte de Santander) en la noche del miércoles 15 de enero, así como la de dos adolescentes de 14 y 16 años, de quienes no se ha revelado su identidad.
Asimismo, la Coalición Contra la Vinculación de Niños al Conflicto (Coalico) lanzó una alerta ante el inminente riesgo al que se exponen por lo menos 46.000 niños, niñas y adolescentes en el Catatumbo, de los cuales, 12.800, podrían estar en las cifras de desplazamiento forzado. “Urge proteger a la niñez y cesar la violencia”, añadió el colectivo.
Entre tanto, la Procuraduría General de la Nación informó que estos niños, además de quedar en medio de los enfrentamientos o desplazamientos, han visto interrumpidas sus clases, representando una vulneración grave a su derecho a la educación.
“Tras reunirse con autoridades y sociedad civil, la Comisión Humanitaria Extraordinaria de la Procuraduría ha podido constatar que, luego de cuatro días de enfrentamientos entre los grupos armados criminales en el Catatumbo, persisten los riesgos contra la vida e integridad de las comunidades, resaltando que cerca de 46 mil niños no han podido iniciar clases como consecuencia de las hostilidades en la región“, indicó el ente de control.
Según informo Medicina Legal, de los 41 cuerpos registrados, 39 fueron identificados, mientras que 31 ya se entregaron a sus familiares. El director del instituto enfatizó que 39 de estos cadáveres corresponden a hombres y dos a mujeres.
“Hemos recibido 41 víctimas de homicidio reportadas desde el 15 de enero, y ya a todas se les ha podido hacer la inspección técnica de cadáveres”, expresó la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que también estuvo en la rueda de prensa con el director de Medicina Legal.
Aunque las cifras oficiales contrastan con las de organizaciones de derechos humanos, se estima que la cifra de desplazados ya superó las 32.000, 13.426 personas que llegaron a Cúcuta, 10.719 a Ocaña y 10.422 a Tibú (Norte de Santander).
Por su parte, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (Ocha) detalló, el miércoles 22 de enero, que hay alrededor de 38.419 desplazados y 12.176 confinados.
Cabe señalar que, según el director del Instituto Departamental de Salud (IDS), Fernando Augusto Álvarez García, la situación con los heridos y muertos reportados por el conflicto en el Catatumb ha provocado un colapso en las morgues de Cúcuta y Ocaña.
“Siendo consecuentes con la situación que vive la región, se dispuso de las morgues con las que cuenta la red hospitalaria del departamento. Sin embargo, en Ocaña y Cúcuta se ha reportado colapso, ya que estas están habilitadas para recibir tres y dieciséis cuerpos, respectivamente”, afirmó Álvarez García.
El directivo hizo un llamado a Medicina Legal para que implemente una estrategia de urgencia para contrarrestar el colapso en la prestación de este servicio, teniendo en cuenta que, según Álvarez, aún habría cuerpos que no han podido ser recuperados por el difícil acceso a los territorios.
“(...) hacemos un llamado para que se disponga de unidades móviles o contenedores habilitados que permitan llevar a cabo este proceso de manera adecuada”, apuntó.