Fiscal General confirmó órdenes en contra de negociadores de paz del ELN: “Cualquiera podrá ser capturado en Colombia como en el exterior”

La reciente escalada de violencia protagonizada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo sigue movilizando a las instituciones del Estado para capturar a sus principales líderes que, hasta el 22 de enero de 2025, hacían parte de la delegación de negociación con el Gobierno nacional.

De hecho, un día después de que la Fiscalía anunciara la reactivación de las órdenes de captura para 31 miembros del equipo negociador del ELN, en la mañana de este jueves 23 de enero, la fiscal general Luz Adriana Camargo señaló que cualquiera de estos cabecillas podrá ser detenido dentro y fuera del país.

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“Cualquiera de estas 31 personas, que aparecían como miembros negociadores, pueden ser capturados tanto en Colombia como en el exterior”, comentó la fiscal en rueda de prensa.

De hecho, la funcionaria aseguró que las instituciones de seguridad internacional, como la Interpol, ya se encuentran al tanto de la situación, por lo que no podrán usar los servicios de transporte y terrestre autorizados para movilizarse libremente.

Además, Camargo informó que no se descartan nuevas órdenes de captura contra líderes del ELN a los que, según las investigaciones de la Fiscalía, se les habría comprobado la ejecución y autoría de múltiples delitos.

“Hemos considerado nuevas imputaciones (…) Hemos visto que hay nuevos delitos y unos cabecillas que se han atribuido”, señaló la fiscal general.

Asimismo, desde el ente investigador se confirmó que la grave crisis humanitaria que afecta a la subregión del Catatumbo desde el 16 de enero, ha provocado el desplazamiento de al menos 36.000 personas, además de la confirmación de 41 casos de homicidios, de los cuales dos cuerpos no han podido ser identificados.

De acuerdo con la Fiscalía, los actos violentos atribuidos al ELN han puesto en peligro la vida de civiles, líderes sociales, firmantes del acuerdo de paz y sus familias.

La entidad señaló que los hechos fueron reconocidos públicamente por líderes del grupo armado, como Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García, y Gregorio Manuel Pérez Martínez, cabecilla del Frente de Guerra Nororiental del ELN, a través de varias comunicaciones emitidas entre el 17 y el 19 de enero.

La Fiscalía General de la Nación anunció este miércoles 22 de enero la revocación de los beneficios judiciales otorgados a 31 líderes del ELN que habían sido reconocidos como voceros en los diálogos de paz entre 2022 y 2023.

Según detalló la entidad, las órdenes de captura contra estos cabecillas fueron reactivadas debido a su presunta participación en nuevos actos criminales en el Catatumbo, lo que contradice los compromisos asumidos en el proceso de paz.

La fiscal Luz Adriana Camargo Garzón explicó que esta decisión se fundamenta en la evidencia de que los líderes del ELN incumplieron las condiciones establecidas en el marco de los diálogos. Entre los actos señalados se encuentran los enfrentamientos armados que han generado el desplazamiento masivo de la población y el agravamiento de la crisis humanitaria en la región.

La suspensión de las órdenes de captura aplica para cabecillas del grupo armado como Pablo Beltrán, Nicolás Rodríguez Bautista, Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García, y Aureliano Carbonell.

También figuran nombres como Bernardo Téllez, Gustavo Martínez, Consuelo Tapias, Silvana Guerrero, Isabel Torres, Óscar Serrano, Vivian Henao, Ricardo Pérez, Cataleya Jiménez, Eduin Restrepo, Américo Trespalacios, Manuela Márquez, Mauricio Iguarán, Simón Babon, Tomás García Liviana, Andrea Montoya, Herlinda Martínez, Elena Velasco, Alejandra Hernández, Samuel Galvis, Ómar Vásquez, Fabián Sepúlveda, Camilo Ariza, José Manuel Cerón, Ernesto Alzate, Manuel Aponte y Miguel Ochoa.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro tomó medidas inmediatas para enfrentar la situación en el Catatumbo. Además de ordenar el despliegue de las Fuerzas Militares, el mandatario declaró el estado de conmoción interior, una medida excepcional que permite al Gobierno tomar decisiones rápidas para garantizar la seguridad y el orden público en el territorio afectado.