Crisis en el Catatumbo: esto es lo que pueden y no hacer los militares durante el Estado de conmoción interior

La crisis humanitaria que sacude al Catatumbo, Norte de Santander, pone a prueba las herramientas de la Constitución colombiana para enfrentar graves alteraciones del orden público. Aunque el presidente Gustavo Petro anunció la declaratoria de conmoción interior, aún se espera el decreto que oficialice esta medida. Mientras tanto, las Fuerzas Militares ya se preparan para actuar bajo las facultades excepcionales que esta declaratoria les otorgaría.

El estallido de violencia en la región, iniciado con la masacre de tres miembros de una familia en Tibú el 17 de enero, deja hasta ahora un saldo oficial de 41 muertes y más de 36.000 personas desplazadas. Estos enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el ELN responde, según la Defensoría del Pueblo, a una lucha por el control de las rentas ilegales, como la coca y la minería, alimentada por el traslado de tropas elenas desde Arauca. La magnitud de la tragedia llevó al Gobierno a recurrir a la conmoción interior, contemplada en el artículo 212 de la Constitución y regulada por la Ley 137 de 1994.

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Esta medida otorga al presidente facultades extraordinarias para restablecer el orden, pero también impone limitaciones claras. Entre las posibilidades de acción, se incluye la movilización militar con el apoyo de todos los recursos del Estado, la modificación temporal de normas sobre el servicio militar obligatorio y la suspensión de salvoconductos para armas y carros blindados en ciertas zonas. Además, las fuerzas militares podrán asumir funciones de la Policía, como allanamientos, registros y capturas, siempre que estas sean autorizadas por un juez.

La militarización de áreas específicas es otra herramienta clave. En estos perímetros bajo control militar, se pueden implementar medidas como retenes para vigilar el flujo de personas y garantizar la seguridad. Sin embargo, estas acciones deben respetar principios fundamentales establecidos por la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), como la proporcionalidad, la temporalidad y el respeto a los derechos humanos.

El constitucionalista Jorge Kenneth Burbano advirtió que, incluso bajo conmoción interior, el Gobierno está obligado a garantizar derechos y libertades públicas. “No se pueden suspender los derechos humanos ni permitir actos como la tortura, desapariciones forzadas o la violación del debido proceso”, enfatizó al diario El Tiempo. Además, cualquier operación debe ser supervisada por el Congreso y pasar el filtro de la Corte Constitucional para evitar abusos.

El exgeneral Guillermo León, excomandante de la Fuerza Aeroespacial y presidente de Acore, señaló que las restricciones a la movilidad, los toques de queda y las intervenciones en derechos fundamentales están permitidas, pero solo si contribuyen directamente a la restauración del orden. “Por ejemplo, las fuerzas militares pueden asumir funciones policiales, pero siempre bajo los límites que establecen las leyes y con supervisión judicial”, explicó.

En el terreno, la situación es crítica. Los municipios de Tibú, Teorama, Sardinata, Convención, El Tarra, San Calixto, Hacarí y Ábrego son los más afectados por los enfrentamientos. La escalada de violencia supera incluso la tragedia de La Gabarra, registrada como uno de los peores episodios en la historia del Catatumbo. Con la declaratoria de conmoción interior, el presidente Petro buscará no solo contener la violencia, sino también establecer condiciones para la paz y la estabilidad.

Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar. Expertos y organizaciones de derechos humanos alertaron sobre los riesgos de una militarización excesiva y el posible impacto en las comunidades. La historia reciente demuestra que, si no se respeta el DIH y los derechos fundamentales, estas medidas pueden profundizar las crisis en lugar de resolverlas.

La Fuerza Pública espera instrucciones claras una vez que se emita el decreto definitivo. Mientras tanto, la población del Catatumbo vive con incertidumbre, esperando que las medidas excepcionales del Gobierno traigan una solución efectiva a esta grave crisis humanitaria.