Sandra Ortiz insistió en que solo seguía órdenes de Carlos Ramón González, el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia

Sandra Ortiz, ex alta consejera para las Regiones, señaló al exdirector administrativo de Presidencia, Carlos Ramón González, como una figura clave en las instrucciones relacionadas con su desempeño en el Gobierno y su vinculación con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Las más recientes declaraciones de Ortiz fueron dadas a Noticias Caracol, medio al que le concedió una entrevista.

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Ortiz, que renunció a su cargo en mayo de 2024 en medio del escándalo, afirma que Carlos Ramón González le pidió acercarse a Iván Name, entonces presidente del Senado, para mejorar las relaciones del Congreso con el Gobierno. Según Ortiz, esta instrucción la llevó a visitar la casa del senador el 12 de octubre de 2023. En esa reunión, Name habría solicitado presentaciones con empresarios, pero no se concretó debido a su ausencia en el lugar.

“Yo recibí instrucciones del gobierno. Instrucciones de Carlos Ramón para todo lo que ha venido pasando”, dijo Ortiz, que añadió, a propósito de la mencionada orden, “el 12 de octubre (de 2023), Iván Name, el senador, me dijo algo como ‘quiero que me presentes unas personas, empresarios, que esto no está tan bien, esto está muy duro’”.

Carlos Ramón González, quien fue nombrado en febrero de 2024 como director de la Dirección Nacional de Inteligencia, también renunció a su cargo a mediados de ese año mientras enfrentaba investigaciones por el escándalo de corrupción. Ortiz lo describe como su jefe directo y asegura que recibió instrucciones de él sobre diversos temas, incluidos acercamientos con magistrados de la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de mejorar relaciones institucionales.

El escándalo de la Ungrd está relacionado con la entrega de 4 mil millones de pesos a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, a cambio de respaldos al Gobierno en el Congreso. Ortiz evitó confirmar o negar si tuvo un rol en la entrega de estos recursos, aunque proporcionó detalles que conectan los hechos con las decisiones tomadas bajo la dirección de Carlos Ramón González.

A pesar de que confesos como Olmedo López y Sneyder Pinilla han implicado a González en el escándalo, no se reportan avances significativos en su investigación por parte de la Fiscalía. Ortiz, quien fue considerada aliada política de González, subrayó su papel en el esquema de toma de decisiones que ahora se encuentra bajo escrutinio judicial.

Por su parte, la ex consejera para las Regiones insistió en que está dispuesta a colaborar con las investigaciones, pero solicitó garantías para su seguridad. En sus declaraciones, pidió al presidente que sea garante de que “se sepa la verdad” sobre lo ocurrido en la Ungrd y que cada implicado asuma su responsabilidad.

Mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento de los hechos, el país sigue atento a las revelaciones que puedan surgir en torno a este escándalo, que no solo afecta la confianza en las instituciones, sino que también pone en entredicho la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

El escándalo, que salió a la luz hace once meses, involucra irregularidades en la adquisición de 40 carrotanques por parte de la Ungrd. Según las investigaciones, los contratos relacionados con estos vehículos habrían sido ejecutados en enero de 2024, y los sobornos asociados no solo afectaron la gestión de recursos públicos, también tuvieron implicaciones en el financiamiento de campañas políticas, pues derivaron en un sobre costo de aproximadamente $13.700 millones.

De acuerdo con las indagaciones, los pagos ilícitos se habrían utilizado para beneficiar a candidatos relacionados con los congresistas implicados, lo que pone en evidencia cómo la corrupción en la Ungrd trascendió el ámbito administrativo para influir en el panorama político local y nacional.

La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación continúan con las indagaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de todos los involucrados en este caso que ha sacudido al país. Las autoridades buscan verificar la existencia del préstamo de $4.000 millones como un elemento clave para desentrañar la red de corrupción.