María José Pizarro se refirió a la guerra en el Catatumbo con pulla al Centro Democrático: “La decisión del uribismo de hacer trizas el Acuerdo de Paz”

La senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, agregó uno más a sus pronunciamientos sobre la crisis humanitaria que se vive en Catatumbo por cuenta de los enfrentamientos entre ELN y disidentes Farc.

La situación ha llegado a tal punto que el Petro anunció un decreto de conmoción interior y la ONU ya se pronunció pidiendo acciones afectivas por parte del Estado.

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Pizarro señaló al ELN de estar perpetrando una serie de crímenes sistemáticamente contra la población vulnerable. Señaló que no puede demostrarse ninguna voluntad de paz si no es a través del cese total de las acciones armadas.

“Es crimen contra la paz de Colombia lo que hace el ELN en el Catatumbo. Lo que vive la población es un horror y un crimen de guerra. Sin ambigüedad condeno el asesinato, desplazamiento y la violación de los derechos fundamentales de mujeres, niñas, niños y liderazgos sociales. Este es un gobierno que aboga por la Paz y el llamado es expresar la voluntad de paz mediante un cese inmediato de la violencia”, señaló.

Pero ahí no quedó todo. La parlamentaria lanzó dardos contra el Centro Democrático, pues considera que sus posturas frente a negociaciones de paz han perpetuado la violencia en el país. Se refirió a la oposición que la colectividad uribista le hizo a Juan Manuel Santos con el plebiscito para la aprobación del Acuerdo de Paz con las Farc.

“Tras la decisión del uribismo de hacer trizas el Acuerdo de Paz y 50 años de ausencia del Estado en esta región, este Gobierno, las fuerzas militares y nuestro proyecto político acompañamos con decisión a la sociedad civil. Elevo una alerta también de la confrontación sangrienta que se presenta en el Guaviare y necesidad de actuar antes de que se repita la tragedia humanitaria”, añadió.

La tragedia humanitaria que vive la región del Catatumbo, en Norte de Santander, frontera con Venezuela, se ha convertido en un reflejo desgarrador de la violencia y el desplazamiento forzado en Colombia. En medio de la cruenta disputa territorial entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias del Frente 33 de las extintas Farc, la situación sigue deteriorándose, dejando un saldo alarmante de víctimas y comunidades afectadas.

Según la Defensoría del Pueblo, al menos 32.000 personas han tenido que abandonar sus hogares debido a los enfrentamientos. Estas cifras incluyen más de 15.000 desplazados en Cúcuta, 11.000 en Ocaña y 5.300 en Tibú, además de grupos menores en otros municipios. La violencia también ha impuesto confinamientos obligados en diversas zonas, restringiendo la movilidad de las comunidades y dificultando el acceso a asistencia humanitaria.

La titular de la Defensoría del Pueblo, Iris Marín, informó que se han registrado al menos 35 muertes relacionadas con los enfrentamientos, de las cuales 33 cuerpos han sido identificados y entregados a sus familias para los respectivos actos fúnebres. Sin embargo, el acceso a algunas áreas sigue siendo limitado debido a la persistencia de las hostilidades, lo que obstaculiza la labor de los organismos humanitarios y de las autoridades para realizar levantamientos de cuerpos y brindar apoyo.

Las comunidades indígenas también han sido severamente afectadas. Tanto los Yukpa como los Barí han visto sus territorios invadidos por la violencia, obligándolos a desplazarse de manera forzada. Además, excombatientes de las Farc también han sido víctimas, con cinco asesinatos confirmados y varios casos de desapariciones forzadas que aún no se cuantifican con precisión.

A pesar del sombrío panorama, se han logrado avances humanitarios significativos. La Defensoría, junto con otras instituciones, ha organizado la entrega de ayuda humanitaria, incluyendo 15 camiones con suministros que llegaron a Tibú, y tres misiones humanitarias adicionales que han brindado alivio a algunas comunidades afectadas. Asimismo, se gestionaron operaciones para la liberación de secuestrados: 11 personas, entre ellas un adolescente, fueron entregadas gracias al acompañamiento de la Iglesia Católica. En otra misión, 20 personas que habían sido retenidas desde enero también recuperaron su libertad.

En un gesto significativo, el ELN permitió la entrada de caravanas humanitarias y expresó su disposición para facilitar futuras liberaciones y aliviar las restricciones que afectan a la población civil en el área. No obstante, la violencia persiste y las comunidades continúan viviendo en un clima de temor constante.

En el ámbito gubernamental, se espera la emisión de decretos desde la Presidencia de la República que permitan declarar la conmoción interior en la región, con el fin de recuperar el orden público y garantizar la seguridad de los habitantes del Catatumbo. Mientras tanto, la crisis humanitaria sigue siendo un llamado urgente a la acción inmediata y coordinada de todos los actores involucrados para mitigar el sufrimiento de miles de colombianos atrapados en este conflicto.