La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció el inicio de una investigación administrativa contra Inchcape Colombia S.A.S., representante de la marca Mercedes-Benz en Colombia.
Según el documento que publicó la entidad, la decisión se tomó por presuntamente no haber reportado de manera oportuna las alertas de seguridad emitidas por la National Highway Traffic Safety Administration (Nhtsa) de Estados Unidos.
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La entidad acusó a la empresa representante de la empresa alemana de incumplir su obligación de informar, en un plazo de tres días calendario, si las campañas de seguridad aplicaban a vehículos comercializados en Colombia.
Estas campañas corresponden a defectos que podrían comprometer la seguridad de los consumidores y generar riesgos en carretera, ya que se trataría de ciertos defectos en cables, tornillos y alineaciones de faros generarían peligros, según campañas de seguridad denunciadas en investigaciones por incumplimiento de normativas internacionales.
Alertas de seguridad investigadas por la SIC
El comunicado de la Superintendencia destacó entre las campañas objeto de la investigación las siguientes
- Campaña 22V-231: un defecto en el cable de tierra del sistema de 48 voltios en vehículos Mercedes-Benz y Mercedes-AMG podría aumentar el riesgo de incendio. Los modelos involucrados incluyen AMG GLE53 (2021-2022), AMG GLS63 (2021), GLE450 (2020-2022), entre otros.
- Campaña 23V-878: un fallo en los tornillos de la bomba de combustible de alta presión podría causar filtraciones de aceite y combustible en la carretera, generando un riesgo de accidentes e incendios. Esta alerta afecta modelos como el GLC 300 (2023), GLE 350 (2024) y GLE 450 (2024).
- Campaña 24V-070: problemas en la alineación de los faros delanteros de ciertos vehículos podrían deslumbrar a conductores en sentido contrario, aumentando la probabilidad de accidentes. Los modelos comprometidos incluyen el GLC43 (2020-2022) y GLC300 (2019-2022).
Posibles sanciones
De comprobarse la vulneración a las normas de protección al consumidor, la SIC podría imponer a Inchcape Colombia una multa de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La Superintendencia recordó que es la entidad encargada de supervisar las campañas de seguridad o “recalls” de vehículos y productos de consumo con el objetivo de proteger la salud, vida y seguridad de los ciudadanos.
No obstante, determinó que “las empresas deben garantizar que los defectos detectados en sus productos sean comunicados de manera oportuna y se adopten las medidas necesarias para minimizar los riesgos”, destacó la SIC en su comunicado.
La investigación continuará en los próximos meses, y se espera que se definan las responsabilidades y posibles sanciones para la empresa.
SIC investiga a cinco empresas por presuntas irregularidades durante el Black Friday
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló cargos contra cinco empresas que habrían violado los derechos de los consumidores durante el Black Friday de noviembre de 2024.
Las compañías implicadas son Olímpica S.A., Bella Piel S.A.S., Nalsani S.A.S. (Totto), Bigfoot Colombia S.A.S. (Dafiti) y Huawei Technologies
De acuerdo con la entidad supervisora, se realizó una inspección de contenido publicitario que salió en redes sociales y en sitios web, y allí se generó el hallazgo de las infracciones.
“Realizaron promociones sin incluir en la publicidad la totalidad de los términos y condiciones esenciales y aplicables”, fue una de las falencias.
Según la SIC, estas empresas no incluyeron términos y condiciones esenciales en sus promociones y ofrecieron información confusa sobre garantías y derechos de los consumidores, como la reversión de pago.
De hecho, esta información era, a juicio de la Superintendencia, “carente de claridad, veracidad y verificabilidad, en relación con: a) las causales de exoneración de responsabilidad de la garantía legal frente a los productos ofrecidos por medio electrónico, y, b) el momento en que iniciaba el término de la garantía legal”.
“No informaron en la etapa previa a la aceptación de la oferta, el derecho de reversión de pago que le asiste a los consumidores”, continuó la entidad.
Si se confirma la responsabilidad de estas irregularidades, las empresas podrían enfrentar multas de hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.