Policía que se apropió de $160 millones de una incautación en Medellín fue condenado a ocho años de prisión

El expatrullero de la Policía Nacional Manuel Eduardo Pérez Guzmán aceptó su responsabilidad en un caso de corrupción que involucró la apropiación indebida de 160 millones de pesos.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, el dinero había sido incautado durante un procedimiento policial en Medellín, el 6 de diciembre de 2018, y estaba bajo su custodia provisional.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

De acuerdo con la investigación liderada por una fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, Pérez Guzmán aprovechó su posición como patrullero destacado ante la Unidad de Reacción Inmediata (URI) del Centro de Medellín para apropiarse de los fondos. La Fiscalía detalló que el dinero había sido confiscado horas antes de que el uniformado lo tomara de manera ilícita.

El caso fue llevado ante un juez de conocimiento en Medellín, quien, tras avalar el allanamiento a cargos presentado por el procesado, dictó una sentencia condenatoria de ocho años de prisión. El delito por el cual fue condenado es peculado por apropiación, una figura penal que sanciona el uso indebido de bienes públicos o privados bajo custodia de funcionarios.

La Fiscalía destacó que el expatrullero aceptó su responsabilidad antes de que se iniciara el juicio oral, lo que permitió agilizar el proceso judicial. Frente a ello, el ente acusador reiteró su compromiso con la lucha contra los delitos que afectan la administración pública y reiteró que este tipo de conductas no serán toleradas dentro de las instituciones del Estado.

Y es que el caso de Pérez Guzmán es un ejemplo de cómo la corrupción puede infiltrarse en las estructuras encargadas de garantizar la seguridad y el orden público. De hecho, la sentencia buscaría enviar un mensaje claro sobre las consecuencias legales de este tipo de actos, reforzando la necesidad de transparencia y ética en el ejercicio de funciones públicas.

El delito de peculado por apropiación en Colombia está contemplado en el artículo 397 del Código Penal y sanciona a los servidores públicos que se apropien de bienes del Estado o de recursos administrados por entidades públicas, ya sea directamente o a través de terceros. Este delito constituye una de las principales modalidades de corrupción en la gestión pública, ya que implica el uso indebido de recursos destinados al cumplimiento de funciones oficiales o de programas de interés público.

El peculado por apropiación se configura cuando un servidor público, aprovechando su cargo o funciones, dispone de bienes públicos en beneficio propio o de un tercero, privando a la entidad pública de los recursos destinados a su correcto funcionamiento. No es necesario que el servidor público se convierta en el propietario de los bienes; basta con que ejerza control o los utilice de manera indebida para que se configure el delito.

Este delito tiene una pena que varía dependiendo del monto de los bienes apropiados. Según la legislación colombiana, las sanciones incluyen prisión de 96 a 360 meses (8 a 30 años) y una multa equivalente al valor de lo apropiado, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo igual al de la pena de prisión. Estas medidas buscan sancionar de manera ejemplar a los responsables y disuadir la corrupción en la administración pública.

El peculado por apropiación refleja una violación directa a la confianza pública y al deber de administrar los recursos estatales en beneficio colectivo. Es considerado uno de los delitos más graves cometidos por servidores públicos, ya que afecta no solo las finanzas del Estado, sino también el desarrollo de programas sociales y la credibilidad de las instituciones públicas