La región del Catatumbo, en Norte de Santander, sigue siendo escenario de una violenta disputa territorial entre las disidencias de las Farc y el ELN, dos grupos armados que luchan por el control de las rentas del narcotráfico. Este conflicto, que dejó una estela de muerte y desplazamiento, pone nuevamente en el ojo del huracán al Gobierno nacional, en especial al ministro de Defensa, Iván Velásquez, por la falta de respuesta ante las advertencias que diversos sectores habían emitido.
Según el Ministerio de Defensa, hasta el 22 de enero se recuperaron 38 cuerpos, que fueron trasladados a las ciudades de Cúcuta, Sardinata y Ocaña. En un comunicado divulgado a través de X (antes Twitter), la entidad detalló el proceso: “En el Catatumbo, la Policía Nacional y el Ejército Nacional avanzan en la recuperación y entrega digna de cuerpos. De los 38 inspeccionados: Cúcuta: 31 cuerpos (24 entregados, siete pendientes). Sardinata: tres cuerpos (todos entregados). Ocaña: cuatro cuerpos (tres entregados, uno pendiente, firmante proveniente de Teorama)”.}
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Mientras tanto, los personeros de la región alzaron la voz contra las declaraciones del ministro Velásquez, que aseguró no haber recibido alertas sobre la gravedad de la situación. Jorge Bohórquez, presidente de la Asociación de Personeros del Catatumbo, rechazó estas afirmaciones y enfatizó que las advertencias se realizaron con suficiente anticipación.
“Las declaraciones del ministro de Defensa son totalmente desfasadas. Nosotros advertimos hace un año, la información con la que la Defensoría del Pueblo lanzó la alerta fue de nosotros los personeros. Tenemos la información puntual de lo que venía ocurriendo y se podía presentar, incluso sobre presencia de actores armados en los espacios y territorios antes no copados por ellos”, afirmó Bohórquez.
El líder de los personeros también señaló la falta de acción por parte del Gobierno para prevenir esta tragedia. “Lamentablemente, vemos cómo el Gobierno no hizo nada para evitarlo. Es necesario y urgente que se cumpla el pacto social por el Catatumbo, pero hasta la fecha, el Gobierno nacional no lo ha aprobado, no ha llegado con programas que ayuden a mitigar el impacto de la violencia, y no puede venir a decir que no estaba advertido, porque todas las autoridades lo estaban”, agregó Bohórquez.
La crítica situación en el Catatumbo no solo es un problema de orden público, también una crisis humanitaria. Las cifras de muertos y el estado en el que se encuentran las comunidades afectadas reflejan un escenario de abandono estatal. Organismos locales e internacionales urgieron al Gobierno a tomar medidas concretas que garanticen la protección de la población civil y brinden soluciones estructurales a una región históricamente golpeada por el conflicto armado.
En medio de este complejo panorama, persisten los cuestionamientos hacia la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y frenar el avance de los grupos armados. Las expectativas están puestas en que las autoridades adopten estrategias efectivas que no solo contengan la violencia, sino que también contribuyan al desarrollo de un Catatumbo que anhela la paz.
Crisis de desplazados
En 72 horas, el desplazamiento masivo en el Catatumbo llevó a más de 20.000 personas a abandonar sus hogares debido al conflicto armado. Según el Puesto de Mando Unificado, instalado el martes 21 de enero, 15.000 desplazados llegaron al Coliseo General Santander Soacha, en Cúcuta, y 5.000 más a Ocaña. Además, más de 1.000 ciudadanos permanecen confinados en sus territorios.
Un comunicado de la Alcaldía de Cúcuta detalló que 12.107 personas desplazadas provienen de Tibú, mientras que otras llegaron desde municipios como Sardinata, El Tarra, Convención y San Calixto, entre otros. Entre los afectados se cuentan 227 docentes y 122 ciudadanos que prefirieron no revelar su lugar de origen. Entidades como la Unidad para las Víctimas, la Defensoría del Pueblo y el Icbf están en la zona para brindar apoyo. También se enviaron 50 toneladas de ayuda humanitaria para atender esta crisis.
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