La escalada de violencia que se vive en la región del Catatumbo, Norte de Santander, por cuenta de la guerra que se mantiene entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las Farc, ha dejado un saldo de más de 60 muertes, pero hasta la fecha solo se han logrado recuperar 35 cuerpos, según el informe de las autoridades. A estas cifras se suman las 32.000 personas desplazadas por el conflicto que han arribado a Cúcuta, donde se encuentran más de 15.000. En Ocaña aparecen más de 11.000, mientras que en Tibú hay 5.300.
En este contexto, Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo, señaló que se hicieron varias alertas tempranas desde que se identificaron los riesgos, pero no se evidenciaron acciones concretas por parte del Ejecutivo.
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A su vez, la funcionaria explicó que una de las alertas se emitió luego de que se levantara el cese al fuego con el ELN, por lo que era previsible que se desatara la fuerte oleada de violencia, que llevó al presidente Petro declarar Estado de conmoción interior.
En ese sentido, dijo que el aviso se entregó al Ministerio del Interior, cartera que dirige Juan Fernando Cristo. Sin embargo, la respuesta no fue la esperada, teniendo en cuenta la delicada situación de orden público en la zona de frontera con Venezuela.
“El Ministerio convocó a una reunión virtual de bajo perfil, de bajo nivel, en la que no pudimos constatar compromisos específicos y extraordinarios, tal y como lo ameritaba la situación”, afirmó Marín Ortiz en entrevista con Semana.
Bajo la misma línea, indicó que no han recibido una matriz sobre las acciones implementadas por el Estado para afrontar la situación antes de que estallara el conflicto entre los dos grupos armados, con graves afectaciones para la población civil.
“No tenemos una matriz actualizada de cuáles fueron las medidas que se abordaron (...) La alerta tenía varias recomendaciones y tampoco tenemos constatación de que se hayan asumido por parte del Gobierno”, afirmó la defensora del Pueblo.
Incluso, mencionó que pese a que ha estado en comunicación con el presidente Petro y el ministro Cristo, considera que no hay pruebas que establezcan una respuesta apropiada por parte del Estado colombiano a la situación, antes y después de que estallara el conflicto.
A propósito, aseveró que no pudo identificar que el Gobierno hubiera tomado en cuenta la alerta que tenía las recomendaciones emitidas por la entidad al Ministerio del Interior.
“No tengo información que me permita afirmar que el Gobierno tomó las medidas recomendadas o evaluó otras. A la Defensoría del Pueblo no le corresponde decidir cómo proteger a la población, nosotros damos las recomendaciones y el Gobierno puede evaluar hacer otras (...) Pero no tenemos constatación de que hayan cumplido las medidas recomendadas ni que hayan evaluado otras medidas extraordinarias extremas”, comentó al medio citado.
Marín también lanzó fuertes críticas a los líderes del ELN, en su opinión, han sido incoherentes con respecto a su presunta voluntad de paz y su accionar contra el pueblo colombiano. “No quiero minimizar la responsabilidad del Gobierno, pero hay más elementos que generan un complejo panorama”, puntualizó.
Por otro lado, reconoció que es positivo para los habitantes del Catatumbo la implementación de algunas operaciones humanitarias, como la entrega de ayudas para los desplazados.
“Se acompañó a una misión que salió desde Cúcuta hasta Tibú, en la que participaron las instituciones y para un comité de Justicia Transicional Extraordinario en ese municipio. Se llevaron 15 camiones con ayuda humanitaria, además se realizaron tres misiones humanitarias”, expresó.