Petro criticó a los ricos por freno que hay en la Corte Constitucional al recálculo de la UPC: “No pueden enriquecerse de manera decente”

El sistema de salud colombiano enfrenta un nuevo capítulo de parálisis que intensifica la tensión entre el Gobierno de Gustavo Petro, las EPS y otros actores del sector. Ahora, todo indica que el magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández aún no firma dos autos importantes que ya cuentan con la aprobación de la mayoría de la Sala Especial de Seguimiento.

Las decisiones, de alto impacto social, giran en torno al cálculo de la unidad de pago por capitación (UPC), cuyo valor transferido a las EPS viene siendo objeto de controversia.

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La UPC, que determina el monto anual asignado por cada afiliación al sistema de salud, es uno de los principales puntos de choque en los debates sobre la sostenibilidad del sector durante 2025. Las EPS y expertos señalaron que el Gobierno “está asfixiando” al sistema al fijar un incremento “insuficiente” del 5,3% para el presente año, y reclamaron un alza del 17%. En su defensa, Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, argumentaron que estos recursos son adecuados y denuncian “malos manejos de dinero e información por parte de las EPS”.

Los dos autos pendientes, según La Silla Vacía, abordan problemas estructurales del sistema de salud. El primero ordena corregir la insuficiencia en el cálculo de la UPC, mientras que el segundo involucra los presupuestos máximos, otro componente financiero en el que el Gobierno adeuda más de $2,5 billones. No obstante, las decisiones, que están avaladas por José Fernando Reyes y Antonio José Lizarazo, sus compañeros de sala, permanecen congelados a la espera de que Fernández las firme.

Ante esto, el presidente Petro se pronunció por medio de X con dos cuestionamiento: “¿Desesperados porque el dinero del pueblo sea de nuevo robado por billones, por los ricos de siempre? ¿No pueden enriquecerse de manera decente, solo con la vida del pueblo?”.

Y es que Fernández, según el medio, recibió dichos autos el 10 de diciembre de 2024, pero argumentó que estudiará su contenido para decidir si está de acuerdo o si salva su voto. “No hay un término específico para decidir sobre ellos”, justificó el magistrado al indicar que abordaría el tema hasta mediados de enero. Sin embargo, fuentes consultadas por La Silla Vacía reaccionaron con desconcierto y señalaron que, sin esta firma, “la decisión no entra en efecto”.

Esta inacción se produce, además, en un contexto en el que el Gobierno convocó mesas técnicas para tratar el cálculo de la UPC.

No obstante, expertos del sector, como Diana Cárdenas, exviceministra de Salud, manifestaron que solo la Corte podría definir una salida concreta para esta crisis, calculando que “no veo solución en el corto plazo, a no ser que la Corte se pronuncie y les diga: usted está en incumplimiento”.

El problema de insuficiencia de la UPC no es nuevo. En un análisis del origen de esta crisis, el medio recordó cómo la Sala Especial de Seguimiento, creada por la Sentencia T-060 de 2008, señaló la insuficiencia de los pagos a las EPS desde hace cinco gobiernos. En un auto de 2021, emitido durante la presidencia de Iván Duque, la Corte manifestó que “no se ha demostrado que el valor de la UPC sea suficiente para cubrir todos los servicios incluidos en el PBS (Plan Básico de Salud)”.

Desde entonces, existe un constante en “lanzar la pelota” entre las partes implicadas. Mientras algunas EPS justifican el deterioro del sistema por la exclusión de factores como la inflación y el aumento de enfermedades de alto costo, el Gobierno responde que los datos reportados por las entidades no cumplen parámetros mínimos de calidad para ser utilizados en los cálculos. Ante cada incremento de la UPC, vienen acumulando controversias, incluido el aumento del 12,01% aprobado para 2024.

Durante una audiencia realizada en abril de 2024, que reunió al ministro Jaramillo, la Procuraduría, la Contraloría, entre otras entidades, el magistrado José Fernando Reyes advirtió preocupaciones respecto al manejo de los recursos.

“¿Cómo justifica que desobedeció las sentencias de constitucionalidad?”, cuestionó el magistrado, según el reporte. Este señaló la contradicción entre destinar el 5% de la UPC al funcionamiento de equipos básicos de prevención (EBS) impulsados por Petro, y las advertencias previas de que no se pueden desviar estos recursos hacia otros rubros.

El rol de Fernández, cuya independencia del Ejecutivo es objeto de críticas desde que fue ternado por Gustavo Petro, permanece en el escrutinio. A pesar de su participación en las discusiones de la Sala, trascendió en el informe que podría emitir un voto disidente, como ya lo hizo en mayo de 2024.

En esa ocasión, la Corte suspendió el 5% destinado a los EBS con el argumento de que esta medida tenía otras fuentes de financiación y que dicha deducción afectaba de manera negativa la suficiencia de la UPC. Fernández, por su parte, sostuvo que estas acciones corresponden al Consejo de Estado por no estar vinculadas de forma directa con la Sentencia T-060 de 2008.

Analistas ven en este retraso una estrategia para dilatar decisiones que podrían incomodar al gobierno actual. Aunque, como asegura un alto funcionario entrevistado por el medio, “Fernández tiene algo de razón cuando dice que la firma de los autos no tiene plazo, porque estas salas no están creadas por ley, sino por decisión judicial”, el mismo aclaró que, Por analogía, se debería aplicar un límite razonable para que las decisiones surtan efecto.

Finalmente, sin una intervención clara, el bloqueo actual perpetúa una crisis no solo financiera, sino de confianza entre las partes involucradas en el sistema de salud. “La pelota para su expedición se quedó en la cancha del magistrado Fernández”, concluyó otro miembro de la Corte.