La crisis humanitaria y de orden público que afecta a la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, generó una ola de críticas hacia el Gobierno nacional y, en particular, hacia el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Según declaraciones de líderes locales, las autoridades nacionales fueron advertidas con antelación sobre la gravedad de la situación, pero no tomaron medidas efectivas para prevenirla. Así lo afirmó Jorge Bohórquez, personero de Ocaña y presidente de la Federación de Personeros del Catatumbo, que señaló que las alertas emitidas desde hace más de un año no fueron atendidas.
Bohórquez aseguró a Semana que las advertencias sobre el incremento de la violencia en la región, derivado de la presencia de grupos armados como las disidencias de las Farc y el ELN, fueron ignoradas. “Las declaraciones del ministro de Defensa son totalmente desfasadas. Nosotros advertimos hace un año”, afirmó el funcionario, que además destacó que la información utilizada por la Defensoría del Pueblo para emitir alertas tempranas provino directamente de los personeros municipales. Según él, los personeros tienen acceso directo a la realidad de los territorios y habían identificado la expansión de actores armados en zonas previamente no ocupadas.
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Denuncias de desconexión entre el Gobierno y las autoridades locales
El personero también criticó la falta de comunicación entre el Gobierno nacional y las autoridades locales, lo que, según él, ha agravado la situación en el Catatumbo. “Le hicimos un contexto general de municipio por municipio de la subregión del Catatumbo, de lo que se podía presentar si el Estado no cumplía lo que venía pactando con la región”, explicó. Sin embargo, lamentó que no se haya dado seguimiento a estas advertencias y que no se hayan implementado programas para mitigar el impacto de la violencia.
Bohórquez subrayó que la desconexión entre las entidades nacionales y municipales es evidente, ya que ni siquiera se han realizado reuniones con los personeros, quienes cuentan con información de primera mano sobre la situación en sus comunidades. Además, el funcionario hizo un llamado urgente para que se cumpla el pacto social por el Catatumbo, una iniciativa que, de acuerdo con él, aún no ha sido aprobada ni implementada por el Gobierno.
La crisis actual, un problema anunciado
Otro de los líderes locales que se sumó a las críticas fue Celso Rincón, personero del municipio de Teorama, que también señaló que las autoridades nacionales fueron advertidas con suficiente tiempo sobre la posibilidad de que la situación en el Catatumbo se saliera de control. “Hace más de un año, nosotros, a través de cada espacio, les manifestamos al Gobierno nacional, a los entes departamentales y a los locales, que esta situación se podía salir de control”, afirmó Rincón en Semana.
El personero de Teorama recordó que ya existían antecedentes históricos de violencia en la región, como los episodios relacionados con los paramilitares en 2000, lo que hacía previsible el deterioro de la seguridad si no se tomaban medidas preventivas. No obstante, denunció que el Gobierno no puso la atención necesaria en la región y que ahora se están enfrentando las consecuencias de esa inacción. “No se puso la lupa por parte del Gobierno, como se le debía poner, y hoy estamos lamentando la crisis humanitaria que se ve en el Catatumbo colombiano”, expresó.
La región del Catatumbo, ubicada en el noreste de Colombia, ha sido por años una zona de alta conflictividad debido a la presencia de diversos grupos armados ilegales. Recientemente, la situación se ha agravado con el fortalecimiento de las disidencias de las Farc y el ELN, que han extendido su control territorial en áreas previamente no ocupadas. Este contexto ha generado un aumento en los desplazamientos forzados, la violencia contra la población civil y la crisis humanitaria en general.
Según las denuncias de los personeros locales, la falta de acción por parte del Gobierno ha permitido que estos grupos armados consoliden su presencia en la región, lo que ha llevado a un deterioro significativo de las condiciones de vida de las comunidades.
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