La oficina en Colombia del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) ha condenado las graves infracciones del derecho internacional humanitario (DIH) y los abusos cometidos por grupos armados no estatales en la región del Catatumbo, Norte de Santander.
Desde la semana anterior, los hechos verificados incluyen homicidios, desplazamientos forzados, confinamientos y ataques contra liderazgos sociales, según un comunicado de la ONU Derechos Humanos emitido el 21 de enero de 2025.
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La oficina de la ONU Derecho Humanos ha documentado varios incidentes alarmantes, entre ellos:
- El homicidio de al menos 60 personas.
- El desplazamiento forzado de más de 18 mil personas.
- El confinamiento de más de 1.000 personas, incluidas 23 comunidades indígenas del Pueblo Barí y comunidades del Pueblo Yukpa.
- La privación de la libertad de al menos 30 personas.
- La desescolarización de 46 mil niñas, niños y adolescentes.
- Amenazas y estigmatización de liderazgos sociales.
- El asesinato de firmantes de paz.
Estas violaciones se han registrado en municipios como Tibú, Teorama, Sardinata, Convención, El Tarra, San Calixto, Hacarí y Ábrego.
ONU Derechos Humanos expresó su profunda preocupación por la grave situación que enfrenta la población civil del Catatumbo. Fuentes oficiales indican que la escalada de violencia está siendo liderada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que ha tenido un impacto devastador sobre las comunidades, incluidos pueblos indígenas, mujeres, niñas y niños.
Entre los homicidios reportados, la oficina verificó el asesinato de dos personas defensoras de derechos humanos: Carmelo Guerrero y Pedro María Ropero. Además, se registraron múltiples amenazas contra liderazgos sociales de la región, muchos de los cuales se han visto forzados a desplazarse junto con sus familias a municipios como Ocaña y Cúcuta.
Ante estos hechos, ONU Derechos Humanos instó al ELN y a otros grupos armados no estatales a respetar los derechos humanos de la población civil y a cumplir con las normas del DIH, especialmente el Artículo 3 común y el Protocolo II, aplicables a los conflictos armados no internacionales. La oficina enfatizó que la protección de civiles es una obligación fundamental de todas las partes en el conflicto.
En su monitoreo, la ONU destacó que el Gobierno nacional y local han implementado medidas de protección de civiles y asistencia humanitaria en respuesta a la crisis. Sin embargo, también llamó a incrementar estos esfuerzos para atender las crecientes necesidades humanitarias de la población desplazada y confinada.
Dentro del marco de la “Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana – Garantías para la vida y la paz 2022-2026″, ONU Derechos Humanos instó al Estado a articular acciones de prevención y protección para las comunidades en riesgo. Además, subrayó la necesidad de avanzar en la implementación de las acciones de inteligencia previstas en dicha política para desarticular organizaciones armadas ilegales.
Asimismo, hizo un llamado a garantizar que los liderazgos sociales y las personas defensoras de derechos humanos puedan continuar con su labor vital en el territorio sin temor a represalias.
ONU Derechos Humanos también enfatizó la importancia de adoptar medidas eficaces que permitan a las comunidades superar los confinamientos impuestos por grupos armados. Esto incluye acciones estructurales que promuevan condiciones para que estas poblaciones puedan vivir en paz, libres de la influencia de actores armados que han vulnerado sus derechos durante décadas.
En ese sentido, la oficina de la ONU exhortó a implementar a la mayor brevedad la “Política Pública de Desmantelamiento de organizaciones criminales”, como un paso clave para impulsar cambios estructurales y la transformación territorial necesaria para mitigar la violencia.
Desde la semana pasada, ONU Derechos Humanos ha trabajado en coordinación con autoridades locales y la comunidad internacional para fortalecer la respuesta institucional. Además, reafirmó su compromiso de brindar asistencia técnica al Estado, así como apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras y liderazgos sociales afectados por la situación.
Finalmente, expresó su solidaridad y condolencias a las víctimas de los recientes hechos violentos en el Catatumbo. ONU Derechos Humanos reiteró su compromiso con la protección efectiva y el respeto de los derechos humanos en la región.
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