Un informe reservado de inteligencia pone de manifiesto una preocupante realidad para la seguridad de Colombia: mientras el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras estructuras armadas ilegales crecen en número y capacidad operativa, el Ejército colombiano enfrenta una significativa reducción en su pie de fuerza, acompañada de problemas logísticos y corrupción interna.
Según los datos revelados por el medio El Tiempo, los integrantes de grupos ilegales aumentaron un 14 % en el último año, pasando de 18.334 en 2023 a 21.201 en 2024.
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En este panorama, el ELN se destaca con un incremento constante, pasando de 5.880 combatientes en 2022 a 6.300 en 2024. Este crecimiento ha sido acompañado de una expansión territorial que incluye zonas estratégicas como el Catatumbo, Arauca y el Pacífico.
El ELN no es el único grupo fortalecido. Las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y la Segunda Marquetalia también han incrementado su influencia. El Clan del Golfo, por ejemplo, pasó de 3.600 integrantes en 2018 a más de 7.300 en 2024.
Estas cifras reflejan un cambio en la correlación de fuerzas en los territorios más afectados por el conflicto, donde el Estado parece haber perdido capacidad para contener a estas organizaciones.
El informe también detalla el debilitamiento del Ejército colombiano, que ha visto una disminución constante en sus efectivos. Mientras en 2012 se contaba con 242.350 soldados, hoy esa cifra ha caído a 177.800, una reducción de más del 26 %.
A esto se suman problemas como la falta de mantenimiento de equipos clave, entre ellos los helicópteros MI-17, esenciales para operaciones en zonas de difícil acceso, y la salida injustificada de oficiales especializados en inteligencia. Además, se mencionan casos de corrupción que afectan directamente la capacidad de respuesta de las fuerzas armadas.
“Los comandantes enfrentan la tentación de aceptar grandes sumas de dinero ofrecidas por grupos ilegales. Esto socava la disciplina y los valores que deberían prevalecer en la institución”, señaló un alto oficial en una reunión privada tomada por el medio mencionado.
Actualmente, existen 11 frentes de guerra activos en el país, según el mapa de inteligencia presentado. Regiones como el Catatumbo, el Bajo Cauca antioqueño, Arauca y el Pacífico enfrentan intensas confrontaciones entre el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.
En lugares como el norte del Cauca, la situación es aún más compleja debido a la falta de alianzas entre los grupos armados, lo que ha generado escenarios de guerra total.
En el Catatumbo, donde los enfrentamientos recientes han dejado más de 100 muertos y 11.000 desplazados, el ELN ha intensificado su ofensiva, desplazando combatientes desde Arauca, incluso a través de Venezuela.
El presidente Gustavo Petro ha señalado directamente al ELN como responsable de los actos de violencia en el Catatumbo. “El Ejército de la Constitución debe salvar y proteger a la población del Catatumbo del ELN, su asesino”, afirmó el mandatario el 20 de enero.
A pesar de estas declaraciones, los desafíos son enormes. Recuperar el control en las regiones más afectadas requiere más que declaraciones de intenciones: implica fortalecer las capacidades operativas del Ejército, combatir la corrupción interna y garantizar la presencia del Estado en los territorios.
Mientras tanto, la población civil sigue siendo la principal víctima de esta confrontación, atrapada entre los grupos ilegales y la falta de una respuesta efectiva por parte del Estado.
Más de 20.000 desplazados y 60 muertos en cinco días de enfrentamientos
La región del Catatumbo, en el departamento colombiano de Norte de Santander, enfrenta una de las situaciones más críticas de los últimos años debido a la intensificación de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.
Según informó El Espectador, en tan solo cinco días, más de 20.000 personas han sido forzadas a abandonar sus hogares, mientras que al menos 60 personas han perdido la vida como resultado de los combates.
Ante la gravedad de los hechos, la gobernación de Norte de Santander declaró la urgencia manifiesta y la emergencia humanitaria mediante los decretos 0042 y 0043, emitidos el 20 de enero de 2025.
Estas medidas buscan movilizar recursos de manera inmediata para atender a las víctimas de esta crisis. El gobernador William Villamizar explicó que la declaratoria permite implementar acciones prioritarias para mitigar el impacto de la violencia en la población civil.
El gobernador Villamizar destacó que la emergencia social y económica decretada tiene como objetivo garantizar la atención a los desplazados y afectados por la violencia. Según detalló El Espectador, las autoridades han comenzado a adquirir alimentos, medicinas, colchonetas, ventiladores, ropa y otros elementos esenciales para distribuir entre las víctimas.
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