En declaraciones dadas en la red social X, Cadavid afirmó que esta medida le permitiría al Gobierno implementar cambios tributarios que no logró aprobar en el Congreso.
“La emergencia económica le permitiría al Gobierno lograr lo que no pudo en el Congreso, modificando o creando nuevos impuestos”, señaló.
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El estado de emergencia económica otorga al presidente la facultad de emitir decretos con fuerza de ley, incluyendo la creación transitoria de impuestos.
La oposición teme que esta herramienta se utilice como una vía para avanzar en una reforma tributaria que no recibió el respaldo legislativo en el Congreso.
La región del Catatumbo, en Norte de Santander, se enfrenta a una grave crisis humanitaria a causa de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, lo que ha provocado el desplazamiento masivo de comunidades.
En este contexto, el presidente Petro aún no ha firmado el decreto que oficializaría la declaratoria de emergencia económica, pero ya se ha generado un intenso debate sobre su posible uso con fines fiscales.
Un antecedente relevante ocurrió recientemente, cuando la Corte Constitucional anuló un decreto de emergencia económica emitido por el presidente Petro para la región de La Guajira.
En esa ocasión, el alto tribunal determinó que el Gobierno no logró demostrar que las capacidades normales del Estado eran insuficientes para enfrentar la crisis humanitaria en esa zona, caracterizada por problemas como la falta de agua potable y la desnutrición. Este fallo subraya la necesidad de que el Ejecutivo justifique de manera sólida cualquier declaratoria de emergencia.
El estado de conmoción interior es una medida excepcional contemplada en la Constitución colombiana para enfrentar graves alteraciones del orden público que no puedan ser resueltas con las herramientas legales ordinarias. Su duración inicial es de 90 días, con la posibilidad de extenderse por dos períodos adicionales, siempre que el Senado emita un concepto favorable para la segunda prórroga.
Durante este estado, el Gobierno puede adoptar medidas extraordinarias, como la suspensión de leyes incompatibles con la situación, pero estas decisiones están sujetas a estricta supervisión por parte del Congreso y la Corte Constitucional. Esta herramienta busca garantizar la estabilidad en contextos de crisis, aunque su implementación debe cumplir con requisitos legales y constitucionales específicos.
La región del Catatumbo enfrenta una compleja situación humanitaria debido a los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc. Estos conflictos han provocado el desplazamiento masivo de comunidades, que buscan refugio en ciudades cercanas como Cúcuta y Ocaña, así como en territorio venezolano.
En este contexto, el Gobierno busca utilizar la declaratoria de emergencia económica y conmoción interior como una medida para atender las necesidades inmediatas de la población desplazada y garantizar la seguridad en la región. Sin embargo, la oposición sigue preocupada por el posible uso de la crisis como justificación para avanzar en una agenda fiscal que no obtuvo el respaldo en el Congreso.
La senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, también se refirió al posible decreto de emergencia económica y conmoción interior. Lozano señaló que la Constitución establece reglas claras y diferenciadas para estos estados excepcionales.
“De los artículos 212 al 215, la Constitución prevé reglas excepcionales para decretar la conmoción interior y la emergencia económica, ecológica o social. Son tres situaciones distintas”, afirmó Lozano.
La senadora también cuestionó la forma en que el presidente Petro ha manejado la situación a través de redes sociales, mencionando que la declaración de la emergencia económica no tiene sustento claro: “El presidente anunció en un tweet y, con base en tweets, no podemos ver el sustento, la argumentación y el enfoque. Con esta información, no creo que el Gobierno pueda decretar ambos estados”, indicó Lozano.
Lozano recordó un antecedente relevante, cuando el presidente Juan Manuel Santos decretó una emergencia ecológica por la avalancha del Pato Mayo, utilizando el mismo artículo y las mismas reglas. En su opinión, la situación en el Catatumbo no justificaría una medida tan drástica como la emergencia económica, ya que los hechos no parecen cumplir con los requisitos establecidos en la Constitución.
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