Gustavo Petro aseguró que hasta jueces están presionando para que el Gobierno prorrogue el contrato del muelle 13 de Buenaventura: “Corrupción que debe ser investigada”

A través de sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro aseguró que hay jueces presionando para que el Gobierno nacional prorrogue la concesión del Muelle 13 de Buenaventura.

El mandatario acusó a los jueces de ejercer presión sobre el Gobierno para extender la concesión, en referencia a una reciente decisión emitida por el Tribunal Administrativo del Valle.

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El jefe de Estado indicó en su cuenta oficial de X que “vienen incluso jueces, presionando que el gobierno prorrogue una concesión que llaman ‘muelle 13′. En mi opinión están presionando con corrupción que debe ser investigada”.

Entre líneas seguidas, Petro explicó que nunca ha existido un contrato de concesión sobre el muelle 13. “Solo existe es un contrato de homogación entre la ANI y la Armada sobre el muelle 13 desde hace 30 años. Contrato que terminó el 6 de enero”.

De esta manera, el Presidente detalló en sus redes sociales que “la Armada firmó un contrato de arrendamiento sobre el muelle 13 a un concesionario vecino que terminó el 6 de enero”.

Gustavo Petro afirmó también que, según un informe de la Contraloría, “durante esos años se destruyó el 61 % del Muelle 13 al permitir el ingreso de barcos de 60.000 toneladas, pese a que solo podían recibir embarcaciones de 15.000 toneladas”.

Además, sostuvo que “en lugar de prorrogar una concesión inexistente, el arrendatario debería indemnizar al Estado por los daños causados al muelle”, concluyó en su cuenta de X.

El tribunal negó el recurso argumentando que el auto que resolvió la medida cautelar abordó todos los aspectos relevantes del caso. Además, señaló que no es necesario aclarar la decisión para determinar el procedimiento administrativo que debe seguir la entidad estatal para su cumplimiento.

La resolución se limitó a evaluar si se cumplían los requisitos para suspender los efectos jurídicos de un acto administrativo, sin pronunciarse sobre el impacto que una futura decisión judicial podría tener sobre esta medida provisional. Ese asunto será definido más adelante cuando se resuelva el fondo del caso.

La disputa por la prórroga de 20 años para la operación del Muelle 13 de Buenaventura sigue sin resolverse, enfrentando al Gobierno y al empresariado. La decisión final se encuentra en manos de la justicia administrativa, luego de que el Tribunal Administrativo del Valle rechazara una solicitud de aclaración y adición relacionada con la medida cautelar que frenó la revocatoria de la prórroga emitida por la ANI en diciembre de 2023.

La ANI había anulado la extensión del contrato otorgado a Grupo Portuario S.A., parte de Ventura Group, argumentando irregularidades. Sin embargo, el Tribunal del Valle, en un fallo del 15 de diciembre, dispuso medidas cautelares en favor del empresariado, permitiendo que la concesión permaneciera activa mientras se resolvía el fondo del asunto.

Posteriormente, el 2 de enero de 2024, la Anla asumió el rol de autoridad ambiental sobre el muelle, anteriormente gestionado por el EPA de Buenaventura, y suspendió las operaciones citando riesgos ambientales.

Entre las irregularidades señaladas estaban instalaciones deterioradas, un Plan de Manejo Ambiental desactualizado, almacenamiento inadecuado de granos en descomposición, y estaciones de monitoreo inoperativas, según declaraciones de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.

Esta medida avivó la controversia, ya que mientras la empresa busca mantener el control del puerto, el presidente Gustavo Petro propuso transferir su administración a cooperativas pesqueras locales. En redes sociales, el mandatario compartió imágenes que evidenciarían el mal estado de los hangares, respaldando la suspensión decretada por la Anla.

El 10 de enero, la Procuraduría intervino, solicitando explicaciones a la Anla y, tras una visita al puerto, ordenó levantar la suspensión cuatro días después. Asimismo, advirtió sobre posibles faltas disciplinarias de funcionarios de la ANI involucrados en el proceso de revocatoria de la concesión, lo que añade un nuevo nivel de complejidad al caso.