Uaesp asumirá el control de cementerios en Bogotá tras dar por finalizada la concesión: estas son las razones

A partir del martes 21 de enero de 2025, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) tomará posesión de los cementerios distritales Norte, Central, Sur y Parque Serafín.

Esta determinación se origina en la decisión de finalizar de manera unilateral el contrato con el concesionario encargado de la administración de estos camposantos, la cual se anunció inicialmente el 8 de octubre de 2024.

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El motivo principal radica en repetidas irregularidades en la prestación de servicios funerarios, situación que mantenía en alerta a la ciudadanía y a las autoridades.

De acuerdo con la información suministrada por la entidad encargada, la terminación del contrato no se produjo de manera inmediata; de hecho, el concesionario continuó ofreciendo los servicios funerarios mientras se cumplían los requisitos legales necesarios para garantizar que la operación no se viera interrumpida.

Durante este periodo, la Uaesp elaboró un plan de contingencia enfocado en asegurar la continuidad de la inhumación, exhumación y cremación, así como el acceso normal de visitantes y deudos a los cuatro cementerios distritales.

El anuncio definitivo sobre la toma de posesión se conoció en la tarde del lunes 20 de enero de 2025, cuando se indicó que la Uaesp asumiría por completo la administración de los cementerios.

Por lo tanto, se pone fin al vínculo con la concesión con Jardines de Luz y Paz a raíz de los incumplimientos detectados en su operación.

Pese a la magnitud de la medida, las autoridades reiteraron que no habrá afectaciones en la prestación de los servicios ni en el acceso a los cementerios, el cual continuará realizándose con absoluta normalidad.

En rueda de prensa, Dolly Arias, subdirectora administrativa y financiera de la Uaesp, resaltó que la prioridad es no afectar a los ciudadanos y garantizar la atención durante esta transición.

“Desde mañana las puertas de los cementerios estarán abiertas, de los cuatro cementerios; por lo tanto, se garantiza que los deudos y los visitantes podrán ingresar de manera normal”, señaló la funcionaria.

Asimismo, recordó que las licencias que se deben pedir a la Secretaría de Salud para la operación de inhumaciones, exhumaciones y cremaciones se encontraban suspendidas desde el 11 de diciembre de 2024, por lo que únicamente era permitida la atención de servicios que contaban con licencias de otros municipios.

Arias enfatizó que, con la toma de posesión, la Uaesp espera restablecer la prestación plena de estos procedimientos en el menor tiempo posible.

Ya en octubre de 2024, la entidad había emitido un comunicado de prensa en el que expuso las razones de la terminación unilateral del contrato, pues en el documento se destacaba que, ante las repetidas irregularidades por parte del contratista, el Distrito había decidido poner fin al acuerdo de manera unilateral para retomar el manejo y custodia de los cementerios distritales.

En el mismo documento se precisó que la decisión no implicaba la terminación automática del vínculo contractual, pues era deber del concesionario continuar con la prestación del servicio hasta que se cumplieran los requisitos de ley.

Además, se dejó en firme el compromiso de la Administración distrital con la implementación de un plan de contingencia para asegurar que los bogotanos siguieran contando con los servicios funerarios sin mayores contratiempos.

Paralelo a estos hechos, la Procuraduría General de la Nación anunció el 15 de octubre de 2024, la apertura de una investigación disciplinaria por posibles irregularidades relacionadas con la operación y el funcionamiento de los cementerios distritales.

La investigación recae sobre la exdirectora general de la Uaesp, Luz Amanda Camacho Sánchez, y el entonces representante legal del Consorcio San Marcos 2021, David Alejandro Cedeño Cárdenas.

El ente de control busca determinar si, durante la ejecución del contrato suscrito con la Unión Temporal Cementerios del Distrito, con un valor de más de 41 mil millones de pesos, se registraron fallas atribuidas a un seguimiento y control deficientes.