Qué es la conmoción interior que decretaría Gustavo Petro por crisis en el Catatumbo y qué poderes le daría al Presidente

Tras la reunión del consejo de seguridad extraordinario liderado por el presidente Gustavo Petro el viernes 17 de enero en Tibú, Norte de Santander, se conoció que el mandatario tiene previsto declarar el estado de conmoción interior en respuesta a la crisis humanitaria que afecta al Catatumbo.

La región enfrenta una situación crítica debido a los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33, una de las disidencias de las antiguas Farc.

El estado de conmoción interior, establecido en el artículo 213 de la Constitución de 1991, es una herramienta excepcional que faculta al presidente de la República para adoptar medidas extraordinarias destinadas a recuperar el orden público en situaciones donde las autoridades no logran controlar la crisis con los mecanismos habituales.

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El Estado de Conmoción Interior es una medida contemplada en la Constitución para atender crisis graves que pongan en riesgo la seguridad nacional o el orden público. De acuerdo con el artículo 213, el presidente, con respaldo de su gabinete, puede decretarlo por un máximo de 90 días, con la posibilidad de extenderlo dos veces más, previa aprobación del Senado.

No obstante, si las acciones iniciales resultan insuficientes, el presidente tiene la facultad de extender la medida por dos periodos adicionales. Para hacerlo, es necesario contar con la aprobación previa del Senado de la República.

La declaración de conmoción interior está reservada para situaciones de “grave perturbación” del orden público, en las que las herramientas regulares de la Policía resulten insuficientes para garantizar la estabilidad institucional y la paz ciudadana.

Durante el estado de conmoción interior, el Gobierno puede expedir decretos con fuerza de ley, incluso suspendiendo temporalmente normas que sean contrarias a la emergencia. De acuerdo con la Constitución, estas medidas cesarán su vigencia una vez se restablezca el orden público. Por otro lado, el artículo 214 de la Constitución establece que, durante el estado de conmoción interior, los derechos humanos y las libertades fundamentales deben ser respetados. Además, el funcionamiento de las ramas del poder público y demás organismos del Estado no puede ser alterado bajo ninguna circunstancia.

En cuanto a la decisión de si se recurriría a esta medida, el ministro de Defensa, Iván Velásquez dijo que en el consejo de seguridad del 20 de enero en la Casa de Nariño se definiría si el Gobierno nacional recurriría a al estado de conmoción interior para combatir las graves alteraciones de seguridad en Norte de Santander. “En el Consejo de Ministros se definirá si se determina o no esta medida”, comentó el funcionario de la administración de Gustavo Petro.

A lo anterior, el ministro agregó lo siguiente: “Frente al estado de excepción, tiene una posibilidad importante en cuanto a la mayor capacidad de la Fuerza Pública con la destinación de recursos dirigidos específicamente a contrarrestar las causas que originaron ese estado de excepción”.

Y es que, la violencia generada por grupos armados ilegales ha provocado, según la Defensoría del Pueblo, el desplazamiento forzado de 11.000 personas hacia los cascos urbanos de Tibú, Ocaña y Cúcuta. Además, los enfrentamientos han dejado un saldo de 80 muertos, entre ellos combatientes y civiles.

Un antecedente de esto fue cuando la Corte Constitucional anuló en 2023 el decreto con el que el presidente Gustavo Petro buscaba declarar una crisis social, económica y ecológica en La Guajira para atender la escasez de agua. Según el alto tribunal, la problemática podía resolverse utilizando las herramientas ya previstas en la Constitución, lo que dejó sin efecto la medida del Ejecutivo.

El alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares, señaló la necesidad de que el gobierno nacional declare el estado de excepción ante la crisis en el Catatumbo, argumentando que los recursos locales son limitados y no permiten atender la situación adecuadamente. En declaraciones a W Radio, enfatizó que es imprescindible activar mecanismos como los subsidios para hacer frente a las necesidades de la población afectada.