El conflicto en la región del Catatumbo, Norte de Santander, ha escalado a niveles alarmantes con la guerra abierta entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los disidentes del Frente 33 de las extintas Farc.
Este enfrentamiento, que se desarrolla en uno de los territorios más complejos y violentos de Colombia, tiene profundas implicaciones para las comunidades locales y para la estabilidad del proceso de paz en el país.
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El ELN ha declarado que sus acciones están dirigidas a combatir a los miembros del Frente 33, a quienes acusa de beneficiarse del Acuerdo de Paz mientras continúan delinquiendo en la región. Así se puede apreciar en un video en que habla alias Ricardo, del Frente de Guerra Nororiental del ELN, que envía un mensaje a los integrantes campesinos armados del Frente 33 de las Farc.
El líder insurgente dice que el ELN les ayudará a desmovilizarse y que les garantiza seguridad y tranquilo proceso, con el apoyo de organismos internacionales. “Sus jefes los tienen en una confusión ideológica. Ahorita van en helicópteros a las grandes ciudades a disfrutar los los beneficios de capital, mientras a ustedes los dejan en el campo de batalla como carne de cañón”, señaló.
Según este grupo guerrillero, muchos de los excombatientes que se acogieron a la desmovilización han terminado reincidiendo en actividades criminales, como es el caso de este frente disidente. Para el ELN, este fenómeno refleja el fracaso del proceso de paz con las Farc, y argumentan que parte de la comandancia y los combatientes actuales de las disidencias provienen de filas de exguerrilleros que desertaron del proceso de reincorporación.
“El Frente 33 de las ex-Farc es producto de ese fracaso de paz, y muestra de ello es que parte de su comandancia y combatientes son desmovilizados de las antiguas Farc-EP que fungen como ‘firmantes de paz’, al tiempo que operan como combatientes o milicianos del 33″, se lee en el comunicado.
En este contexto, la población civil ha sufrido las peores consecuencias. Los enfrentamientos entre estos grupos han generado un desplazamiento masivo de campesinos en municipios como Tibú, obligando a más de 5.000 personas a abandonar sus hogares. Muchos han buscado refugio en Cúcuta, en otras regiones del país, o incluso en Venezuela, mientras el conflicto sigue destruyendo el tejido social y económico de la región.
Las acusaciones del ELN contra los disidentes incluyen señalamientos de su participación en actividades ilícitas como el narcotráfico y el control armado del territorio. Este grupo sostiene que los disidentes operan como milicianos mientras presentan una fachada de cumplimiento ante los mecanismos de justicia transicional, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En sus comunicados, el ELN también ha justificado asesinatos recientes de firmantes del Acuerdo de Paz, alegando que estos individuos eran líderes de milicias y responsables de las finanzas del frente disidente.
Por otro lado, la situación también pone en evidencia las limitaciones del Gobierno en la región. El presidente Gustavo Petro ha sido criticado por el ELN por su falta de cumplimiento con el llamado Pacto Territorial por el Catatumbo, una iniciativa que busca abordar los problemas estructurales de la zona. Aunque se han planteado soluciones militares, estas no abordan las causas profundas del conflicto, como la pobreza, el abandono estatal y la economía ilegal.
El Catatumbo sigue siendo un epicentro de disputa por el control de las rutas del narcotráfico, la explotación de recursos naturales y el dominio territorial. Esta región fronteriza, estratégica por su ubicación y por la debilidad institucional que la caracteriza, se ha convertido en un escenario donde convergen intereses armados y económicos de grupos ilegales, dejando a la población civil en una situación de extrema vulnerabilidad.
En este panorama, surgen interrogantes sobre el futuro del proceso de paz en Colombia y las estrategias necesarias para frenar la violencia en el Catatumbo. La experiencia de esta región muestra que sin un enfoque integral que combine seguridad, desarrollo social y oportunidades económicas, los conflictos seguirán perpetuándose, afectando tanto a las comunidades locales como a la estabilidad del país en su conjunto.
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