En una reciente auditoría de cumplimiento llevada a cabo por la Contraloría General de la República, se identificaron serias irregularidades en el manejo de recursos por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), particularmente en los dineros destinados al Fondo Emprender y en contrataciones relacionadas con Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).
Estas irregularidades representan hallazgos fiscales por un total de $47.261 millones y han desatado cuestionamientos sobre la gestión de los recursos públicos por parte de esta institución.
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El mayor foco de la investigación se centra en la decisión del Sena de revocar un proceso de licitación para la prestación de servicios TIC y optar por una contratación directa bajo el argumento de urgencia manifiesta.
Este cambio resultó en un contrato interadministrativo suscrito con Colombia Telecomunicaciones por un valor de $210.228 millones, con un plazo de cinco meses, desde el primero de agosto hasta el 31 de diciembre de 2023.
La Contraloría considera que esta decisión fue antieconómica y generó un detrimento patrimonial de $43.660 millones, monto que equivale a la diferencia entre los valores pagados en el contrato directo y los que habrían sido desembolsados de haberse adjudicado la licitación inicial.
Adicionalmente, este hallazgo se suma a los $45.733 millones identificados como detrimento patrimonial en contrataciones previas realizadas también bajo el marco de una urgencia manifiesta. Estas decisiones, según el ente de control, muestran una gestión fiscal ineficiente que afecta gravemente los recursos públicos destinados al desarrollo tecnológico de la institución.
Irregularidades en el Fondo Emprender
Otra área crítica identificada por la Contraloría es el manejo de los recursos asignados al Fondo Emprender del Sena.
Este fondo tiene como objetivo la promoción y creación de nuevas empresas a través de la financiación de planes de negocio de emprendedores. Los recursos adjudicados son condonables si los beneficiarios cumplen con las condiciones establecidas en sus contratos; de lo contrario, deben ser reembolsados.
La auditoría reveló graves deficiencias en la recuperación de cartera por parte del Fondo Emprender, lo que resultó en la pérdida de $3.601 millones debido a la falta de gestión efectiva para recuperar los recursos no condonados.
Además, se encontraron problemas en la etapa de formulación de proyectos, incluyendo incumplimientos de requisitos técnicos y jurídicos, lo que podría derivar en cambios en los objetos de los planes de negocio o incluso en su cancelación, comprometiendo así la efectividad del fondo.
La Contraloría también destacó problemas en la gestión administrativa del fondo, como la demora en la firma de contratos de Encargo de Fiducia para la administración de recursos y la prescripción de pagarés respaldados por los beneficiarios. Estas debilidades ponen en riesgo la continuidad del Fondo Emprender como una herramienta para fomentar el emprendimiento y la generación de empleo en Colombia.
En total, la Contraloría identificó 16 hallazgos disciplinarios, de los cuales dos tienen incidencia fiscal por un valor superior a $47 mil millones. Estas irregularidades reflejan una preocupante falta de diligencia y planeación en la gestión de los recursos públicos asignados al Sena, una institución clave para la formación y el desarrollo profesional en el país.
La Contraloría ha solicitado explicaciones y medidas correctivas inmediatas por parte de los responsables del Sena. Este escándalo podría desencadenar investigaciones penales y disciplinarias contra los funcionarios implicados. Además, se hace un llamado al gobierno Nacional para fortalecer los mecanismos de control y supervisión en la administración de recursos del Sena y garantizar que estos se utilicen de manera transparente y eficiente.
El caso del Sena pone en evidencia la necesidad de mejorar los procesos de contratación y la gestión de recursos en las entidades públicas. La falta de transparencia y las decisiones antieconómicas no solo generan pérdidas millonarias, sino que también afectan la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado. La Contraloría continuará con el seguimiento a este caso para asegurar que se tomen las medidas necesarias para corregir estas irregularidades y prevenir su repetición en el futuro.
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