Colombiano murió en una mina en Ecuador hace más de dos meses: siguen sin recuperar su cadáver

Desde el pasado 9 de noviembre (2024), la familia del maquinista colombiano Yeison Antonio Padierna Tamayo, intenta recuperar su cuerpo para darle cristiana sepultura, luego de que quedara atrapado junto a otros dos trabajadores en la concesión minera Soberana, de la provincia de Zamora Chinchipe, Ecuador.

Según testigos que por temor a represalias decidieron no identificarse, un deslizamiento de tierra alcanzó al colombiano y a sus compañeros Andrés Pascual Morán Baldeón y Bayron Francisco Flores Jiménez, de los que ya lograron recuperarse sus restos.

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Sin embargo, las filtraciones de agua en el área afectada habrían impedido de momento dar con el paradero de Padierna, a quien declararon fallecido por el tiempo que ha pasado desde el accidente.

Su hermana, Manuela, viajó al Ecuador en noviembre, tras enterarse de la noticia, y, desde entonces, ha estado atenta a las labores de búsqueda con las que espera recuperar los restos del colombiano, de 38 años, para regresar junto a ellos a Colombia y permitir a la familia dar un cierre a tan dolorsa situación.

Sin embargo, las últimas semanas no se han dado avances, pese a que no esperan la ayuda de nadie para inciar el proceso de repatriación del cuerpo.

Según dijo Manuela al medio Minuto 30, ningún representante de la empresa en la que su hermano trabajó los últimos seis meses se ha puesto en contacto con la familia, a la que buscarían indemnizar por 25.000 dólares (108 millones de pesos al cambio de enero del 2025), a pesar de que el abogado de los Padierna considera que no debería bajar de los cien mil dólares (430 millones de pesos al cambio de enero del 2025).

Repatriar los restos de un ser querido fallecido en el extranjero puede convertirse en un proceso complejo y costoso para las familias colombianas. Según informó El Tiempo, los gastos asociados a este trámite pueden oscilar entre los 20 y 40 millones de pesos colombianos (aproximadamente entre 4.800 y 9.600 dólares estadounidenses), una cifra que representa un desafío económico significativo para muchas familias. Aunque la Cancillería de Colombia puede brindar apoyo en casos excepcionales, no cuenta con un presupuesto específico para cubrir estos procedimientos, lo que deja la mayor parte de la responsabilidad financiera en manos de los allegados del fallecido.

De acuerdo con la información publicada por el medio citado, la Cancillería ha señalado que, en situaciones de extrema vulnerabilidad económica, puede buscar ayuda de otras entidades estatales, organizaciones privadas o fundaciones para facilitar la repatriación. Sin embargo, este tipo de apoyo no es la norma, ya que la institución no dispone de recursos asignados exclusivamente para este propósito.

El primer paso para las familias que enfrentan esta situación es localizar el cuerpo del fallecido. Dependiendo de las circunstancias, los restos pueden estar bajo custodia de instituciones como medicina legal, hospitales, residencias de mayores u otras entidades del país donde ocurrió el deceso. Una vez identificado el lugar, los familiares deben realizar una reclamación formal ante la institución correspondiente.

En este punto, las familias pueden optar por contratar empresas especializadas en repatriación, que se encargan de gestionar los trámites necesarios. Según detalló El Tiempo, uno de los aspectos clave es determinar la causa de la muerte y decidir si se procederá con la repatriación del cuerpo o de las cenizas, ya que este factor influye en los documentos requeridos y en los costos asociados.

El proceso de repatriación implica la obtención de una serie de documentos que varían según la normativa del país donde ocurrió el fallecimiento. Entre los documentos más comunes se encuentran el certificado de defunción, el apostillaje de este certificado, una carta de embalsamamiento, la autorización de sanidad, una carta que certifique la ausencia de enfermedades infectocontagiosas, el permiso de inhumación o cremación y el registro consular.

Estos trámites pueden ser complejos y requieren la intervención de diferentes estamentos gubernamentales y sanitarios, tanto en el país de origen como en Colombia. Además, la normativa específica de cada nación puede añadir particularidades al proceso, lo que puede prolongar los tiempos y aumentar los costos.