Pese a que en 2016 el Estado colombiano firmó la paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP), no se ha logrado brindar garantías a los firmantes de paz, que se comprometieron a dejar las armas para contribuir con la verdad, la reparación a víctimas y la no repetición de la violencia. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en 2024 asesinaron a 31 excombatientes que se acogieron al acuerdo.
A esto se suma el hecho del recrudecimiento del conflicto armado interno en varios departamentos del país, como Norte de Santander (región del Catatumbo). El 16 de enero de 2025, integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) mataron a por lo menos cinco firmantes, en medio de una incursión armada que dejó más de 30 muertos en diferentes municipios.
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Debido a la falta de garantías de protección para los firmantes, el Colegio de la Abogacía Colombiana interpuso una acción de tutela ante la jurisdicción de Quindío, en la que solicita que se salvaguarden los derechos de los exguerrilleros que están intentando reincorporarse a la vida civil.
“Debo informar con profunda complacencia que en la tarde de ayer recibí la notificación virtual de la admisión de la acción de tutela que presentamos ante la jurisdicción del departamento del Quindío y que esta, por competencia, envió a la Sala Primera del Consejo de Estado de Bogotá”, indicó el abogado Ernesto Amézquita, citado por Caracol Radio.
El también exprocurador provincial de Armenia aseguró que el recurso no está dirigido contra el presidente Gustavo Petro, sino que se centra en los deberes del Estado en la protección de los derechos de los firmantes, así como de los líderes y lideresas sociales que también han sido asesinados durante años. Pues, en 2024, Indepaz documentó 173 líderes que fueron víctimas de homicidio en 2024.
Uno de los objetivos que tiene la acción de tutela es que firmantes de paz, defensores de derechos humanos y líderes sociales cuenten con un seguro de vida otorgado por el Estado colombiano. A esto se suma la necesidad de que cuenten con un apoyo monetario que les permita continuar con su trabajo social, que de por sí ya implica un riesgo muy alto para su integridad y su vida.
“El río de sangre continúa. Lo que busco es contener esas masacres y que se capture a los autores intelectuales de esos hechos criminosos. Ahora los objetivos principales son los siguientes: primero, blindar a los líderes sociales firmantes del proceso de paz y a los defensores de derechos humanos con un seguro de vida que debe ofrecer el Estado a través de los seguros del Estado”, precisó el abogado.
El respaldo a estas personas, que se encuentran en condición de vulnerabilidad, también requiere de un esfuerzo por mejorar los mecanismos de seguridad con los que cuentan. De acuerdo con el exprocurador provincial, muchos de ellos solo tienen un botón de pánico para alertar a las autoridades cuando se encuentran en riesgo, lo cual no es suficiente para garantizar una protección adecuada y efectiva. En consecuencia, por medio de la acción de tutela, se insta al Estado colombiano a modernizar los mecanismos de protección de la Unidad de Protección a Víctimas.
Tanto el Colegio de la Abogacía Colombiana como el presidente de la República, Gustavo Petro y el Ministerio de Defensa fueron notificados sobre la admisión de la tutela, por lo que ahora resta esperar algunos días para conocer la decisión del magistrado.
“Ahora ellos tienen que dar respuesta a la tutela y en el término de 10 días estará pronunciando el magistrado del conocimiento. Ese pronunciamiento puede ser admitiendo el contenido de la tutela o, por el contrario, un término de tres días para que se subsane en algunas fallas”, detalló.
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