Quién era el padre Óscar Albeiro Ortiz Henao: fue condenado por liderar un grupo paramilitar en Medellín

El sacerdote Óscar Albeiro Ortiz Henao, conocido por su controvertido papel en la comunidad de feligreses de la parroquia de San José del Limonar, en Medellín, falleció en Bogotá mientras cumplía una condena de 19 años de prisión.

El religioso murió tras someterse a una cirugía derivada de una enfermedad que padecía desde hace tiempo. Sin embargo, su partida no pasó en alto para los habitantes de San Antonio de Prado, uno de los cinco corregimientos del distrito de la capital de Antioquia, donde lo recordaron, tanto por su liderazgo comunitario, como por los delitos que lo llevaron a ser condenado.

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Su muerte ha generado reacciones encontradas entre los habitantes del corregimiento. Según reveló El Colombiano, Ortiz Henao era una figura polarizadora por varias de sus posturas que dejó ver en medio de las liturgias a las que asistía sin falta los residentes de este sector de Medellín.

Por un lado, muchos lo consideraban un pacificador de barrios y un hombre con supuestos dones sanadores. Por otro, la justicia lo identificó como uno de los líderes de una estructura criminal conocida como ‘los Desmovilizados del Limonar’, integrada en su mayoría por excombatientes del bloque Cacique Nutibara de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Esta organización delictiva operó durante aproximadamente una década en sectores como El Limonar 1 y 2, Las Bifamiliares y Aragón. En esta zona el sacerdote alcanzó su punto máximo de notoriedad en 2010, cuando fue capturado por unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en una operación contra la mencionada banda criminal.

Esta estructura estaba implicada en múltiples delitos, incluidos el sicariato, el desplazamiento forzado, la extorsión, el tráfico de armas y drogas, así como la usura a través del sistema de préstamos conocidos como “pagadiario”.

Óscar Albeiro Ortiz Henao también fue señalado como el cabecilla político de la organización, un rol que habría desempeñado mientras ejercía como párroco de la iglesia San José de El Limonar, cargo que ocupó desde 1999. El impacto de su captura fue significativo en la comunidad que lo veía como un líder comunitario preocupado por los problemas de seguridad en los barrios alrededor del templo. Su imagen, hasta entonces asociada al liderazgo religioso, apareció en los medios de comunicación vinculada a graves acusaciones.

En principio, y fieles a su cura, varios de los habitantes de San Antonio del Prado se negaron a creer la culpabilidad, mientras otros lo señalaban como un actor clave en las actividades ilícitas de la banda. En charla con algunos moradores del sector, el periódico antioqueño, lo recordaron como un hombre que promovía la paz en los vecindarios a través de la oración y el diálogo. Tal era el cariño que muchos allí le profesaban, que era considerado como un guía espiritual y mediador en conflictos locales.

Sin embargo, las investigaciones judiciales desvirtuaron el papel bajo el cual el sacerdote se presentaba ante la comunidad. Según las autoridades, el sacerdote utilizó su posición para consolidar el poder de “los Desmovilizados del Limonar” en la zona, lo que le permitió ejercer influencia política y social en beneficio de la organización criminal.

La condena de 19 años que cumplía al momento de su muerte fue el resultado de un proceso judicial que lo encontró culpable de colaborar activamente con esta estructura delictiva.

De acuerdo con lo publicado por el tribunal, el caso de Ortiz Henao había generado controversia desde su inicio. En una primera instancia, fue declarado inocente tras pasar dos años en prisión.

Sin embargo, al recuperar su libertad en 2010, fue recibido como un héroe por los fieles de su parroquia, donde consideraban que las acusaciones en su contra eran infundadas. Incluso tras condena definitiva que se conoció el 2 agosto del 2013, numerosos seguidores del sacerdote expresaron en ese entonces su desacuerdo con la decisión judicial, calificándola como un “montaje”. No obstante, las pruebas presentadas durante el proceso resultaron determinantes para los jueces.

Los resultados de las investigaciones, que reveló la periodista Salud Hernández para El Mundo, reflejaron que el sacerdote señalaba a las personas que debían ser eliminadas, y los paramilitares ejecutaban las acciones. Entre las víctimas de esta “limpieza social” se encontraban consumidores de drogas, personas homosexuales y otros sectores marginados de la sociedad.

La influencia del sacerdote en la comunidad fue clave para el funcionamiento de esta red criminal. Su posición como líder religioso le permitió ganar la confianza de los habitantes; esto facilitó la consolidación de las actividades delictivas en la zona. A pesar de las denuncias y las pruebas presentadas, muchos de sus seguidores defendieron su inocencia y siguieron la transmisión de la ceremonia de forma virtual, que se llevó a cabo el mediodía del 18 de enero de 2025.