Beneficiarios de ‘Jóvenes de paz’ reciben un millón por no delinquir, pero siguen asesinando en Cauca

En Puerto Tejada, un municipio del norte del Cauca con una población de aproximadamente 45.000 habitantes, la vida cotidiana está marcada por el miedo y la inseguridad.

En los últimos dos años, 92 personas han sido asesinadas en esta localidad, donde las llamadas “fronteras invisibles” delimitadas por bandas criminales deciden quién puede transitar por ciertas zonas y quién no, según lo informó Semana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En un intento por abordar esta crisis, el Gobierno nacional, implementó en Puerto Tejada el programa Jóvenes en Paz, un proyecto piloto que, desde el ministerio de la Igualdad, busca ofrecer incentivos económicos a jóvenes para alejarlos de la delincuencia. El programa prometió abrir más de 400 cupos para jóvenes en situación de vulnerabilidad, muchos de los cuales pertenecían a pandillas.

De acuerdo con la administración municipal, esta situación tiene raíces profundas que se remontan a más de tres décadas, cuando las pandillas comenzaron a tomar control del territorio. Actualmente, más de 40 bandas delincuenciales operan en el municipio, imponiendo sus propias reglas y generando un clima de terror.

Estas estructuras no solo son responsables de los homicidios, sino también de delitos como robos, extorsiones y abusos sexuales. Según datos recopilados por el medio mencionado, en los últimos dos años se han denunciado 534 robos a personas, 306 hurtos de motocicletas y 47 casos de abuso sexual, además de 37 robos a comercios.

Aunque la iniciativa generó expectativas, su ejecución ha sido objeto de críticas. Algunos participantes abandonaron las pandillas y comenzaron procesos de resocialización, pero otros desertaron debido a retrasos en los pagos o continuaron involucrados en actividades delictivas mientras recibían los beneficios del programa. Líderes sociales de la zona denunciaron que algunos beneficiarios han participado en balaceras y otros actos violentos, lo que ha generado desconfianza en la comunidad.

Un líder social, cuya identidad fue protegida por Semana, afirmó que tiene pruebas audiovisuales que muestran a jóvenes del programa involucrados en enfrentamientos armados. Estas balaceras no solo alteran el orden público, sino que han cobrado la vida de personas inocentes, como Harby Hurtado, un joven de 26 años asesinado el 4 de enero de 2025 mientras compraba pan en una zona prohibida para él, según lo detalló el medio mencionado.

El caso más desgarrador es el de John Stiven Riesco, un niño de apenas 2 años que murió tras recibir un disparo en la cabeza durante un enfrentamiento entre pandillas mientras jugaba frente a su casa. Estas tragedias reflejan la magnitud del problema y el impacto devastador que tiene en la comunidad.

Las pandillas, como los Letales, los 23, los Brooklyn y los J-80, han establecido un control territorial que impide la libre circulación de los habitantes. Los sectores más peligrosos incluyen los barrios Carlos Alberto, París, Betania, La Cabaña, Granada, Los Bancos y La Esperanza.

La alcaldesa de Puerto Tejada, Luz Adiela Salazar, reconoció en diálogo con Semana que la violencia sigue siendo un problema grave en el municipio, aunque destacó que desde su llegada al cargo en 2024 se ha logrado una reducción en los homicidios. Sin embargo, admitió que el programa Jóvenes en Paz ha enfrentado dificultades, incluyendo la participación de algunos beneficiarios en actividades delictivas.

La alcaldesa explicó que, aunque el programa inició con 480 jóvenes, actualmente cuenta con 425 participantes, ya que algunos han desertado. También señaló que su administración está dispuesta a recibir pruebas concretas sobre la reincidencia de beneficiarios en actos ilícitos, pero aclaró que en muchos casos los jóvenes señalados ya habían abandonado el programa.

Por su parte, líderes sociales y habitantes del municipio han expresado su preocupación por la falta de resultados tangibles. Según un líder comunitario citado por Semana, el programa podría haber tenido éxito si se hubiera ejecutado de manera más rigurosa, excluyendo a jóvenes con antecedentes delictivos y enfocándose en procesos específicos de resocialización.

Ante la persistente violencia, el consejero municipal de Juventud, Juan José Valencia, hizo un llamado al presidente Gustavo Petro a través de su cuenta en X, antes Twitter, solicitando la militarización inmediata del municipio. En su mensaje, Valencia destacó que la población vive en un estado constante de miedo y que las medidas actuales han sido insuficientes para garantizar la seguridad.