La región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, enfrenta una ola de violencia que dejó cinco excombatientes de las extintas Farc asesinados en las últimas horas. Según informó el excomandante guerrillero Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, estos crímenes se producen en un contexto de creciente inseguridad para quienes dejaron las armas tras la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016. Londoño calificó los hechos como un “genocidio en curso” y exigió al presidente Gustavo Petro garantías de protección para los firmantes del pacto.
En un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Londoño expresó su preocupación por la falta de seguridad para los excombatientes y señaló que los asesinatos ocurrieron justo antes de una sesión de consejo de seguridad. “Presidente @petrogustavo, en las últimas horas han asesinado a cinco firmantes del Acuerdo Final de Paz en el Catatumbo, justo antes de la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU que hará seguimiento a la implementación de lo acordado. Exijo garantías. Es un genocidio en curso”, escribió.
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Por su parte, Carlos Ruiz Massieu, representante de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia reprochó los hechos e instó a los grupos armados a cesar los actos violentos que afectan a la población civil. “Expreso mi más firme condena por asesinato de 5 firmantes de paz y líderes en Catatumbo. Urge proteger a población civil y comunidades. Llamo a los grupos armados a cesar acciones violentas. La verdadera voluntad de diálogo pasa por respetar la vida de quienes optaron por la paz”.
Una región atrapada en la violencia y el narcotráfico
El Catatumbo, una de las zonas más afectadas históricamente por el conflicto armado en Colombia, continúa siendo escenario de enfrentamientos entre grupos armados ilegales. Las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se disputan el control territorial y las economías ilícitas, como el narcotráfico, lo que ha intensificado la violencia en la región. Esta situación no solo pone en riesgo a los excombatientes, también a las comunidades locales, que enfrentan desplazamientos masivos y una crisis humanitaria en aumento.
La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre los riesgos en esta zona mediante la Alerta Temprana 025 de 2021 y la Alerta de Inminencia 026 de noviembre de 2024. Estas advertencias incluían recomendaciones específicas para las autoridades locales y nacionales con el fin de prevenir la escalada de violencia. Sin embargo, los recientes asesinatos evidencian la falta de medidas efectivas para garantizar la seguridad en el territorio.
Más de 400 excombatientes asesinados desde 2016
Desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, más de 400 exguerrilleros han sido asesinados, según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Este alarmante número refleja las dificultades que enfrenta el proceso de reincorporación de los excombatientes a la vida civil, así como el incumplimiento de las garantías de seguridad prometidas en el pacto. La situación en el Catatumbo es un ejemplo extremo de esta problemática, donde los firmantes del acuerdo se encuentran en una posición especialmente vulnerable debido a la presencia de múltiples actores armados.
La falta de protección afecta a los excombatientes, asó como a líderes sociales y defensores de derechos humanos, quienes han sido blanco de ataques en diferentes regiones del país. Esta realidad pone en entredicho los avances logrados en la implementación del acuerdo y subraya la necesidad de acciones inmediatas por parte del Gobierno Nacional.
El papel del Consejo de Seguridad de la ONU
En medio de esta crisis, el Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto revisar en los próximos días el estado de implementación del Acuerdo de Paz. Este organismo internacional ha sido un actor clave en el seguimiento del proceso, y su evaluación llega en un momento crítico para Colombia. Organizaciones defensoras de derechos humanos y actores políticos reiteraron la urgencia de que el Gobierno refuerce las medidas de protección para los excombatientes y cumpla con los compromisos adquiridos en 2016.
La revisión por parte de la ONU podría influir en las políticas del Gobierno de Gustavo Petro, que ha manifestado su intención de avanzar en la Paz Total. Sin embargo, los recientes asesinatos en el Catatumbo representan un desafío significativo para esta agenda, ya que evidencian las dificultades para garantizar la seguridad en las regiones más afectadas por el conflicto.
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