
En el corazón del Catatumbo, una región históricamente golpeada por la violencia en el departamento de Norte de Santander, se desató una nueva tragedia que conmocionó al país. El miércoles 15 de enero, un ataque armado acabó con la vida de Miguel Ángel López Rojas, su esposa Zulay Durán Pacheco y su bebé de nueve meses, Miguel Herney López Durán, mientras se desplazaban en un vehículo por la vereda La Valera, en el corregimiento de La Silla, una zona rural entre los municipios de Tibú y Cúcuta, donde el único sobreviviente del ataque fue un niño de 10 años, hijo mayor de la pareja.
De acuerdo con las autoridades, el vehículo de la familia fue interceptado por un grupo armado que abrió fuego contra ellos. El alcalde de Tibú, Richar Claro, confirmó los hechos y lamentó la muerte del bebé, mientras que las autoridades enfrentaron serias dificultades para llegar al lugar del crimen debido al control que ejercen los grupos armados ilegales en la zona. En un mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro expresó su pesar por el ataque y aseguró que se están tomando medidas para esclarecer lo ocurrido.
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Investigaciones apuntan al ELN como responsable del ataque
Las primeras indagaciones señalan al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como el presunto responsable de la masacre. Según detalló RCN Radio, el ataque habría sido ejecutado por el frente Juan Fernando Porras Martínez, liderado por alias Manuel Guevara o Julián, que tiene una fuerte presencia en la región del Catatumbo.
La familia López Durán era propietaria de una funeraria en la zona, un negocio que atendía tanto a civiles como a miembros de organizaciones ilegales. Este hecho podría haber motivado el ataque, aunque las autoridades aún no han confirmado las razones exactas detrás del crimen.

El comandante de la Policía en Norte de Santander, coronel Néstor Arévalo, informó que se conformó una unidad especial para investigar el caso. “Estamos en proceso investigativo, hemos realizado inspecciones técnicas y recolectando evidencia en el lugar de los hechos”, señaló el oficial. Además, el gobernador del departamento ofreció una recompensa de $100 millones por información que permita capturar a los responsables.
Enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC agravan la crisis en el Catatumbo
Tras la masacre, la situación en el Catatumbo se deterioró aún más debido a los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc, específicamente el Frente 33. Según reportó Semana, los combates se intensificaron en zonas como San Pablo, El 25, La Gabarra y Filo Gringo, generando un clima de terror entre la población civil.

El defensor de derechos humanos Wilfredo Cañizares advirtió sobre la gravedad de la situación en la región. “Todo indica que ha comenzado una nueva guerra entre las FARC y el ELN en el Catatumbo. Las comunidades están lanzando un #SOSCatatumbo porque la población civil será, como siempre, la más afectada”, afirmó.
Por su parte, alias Andrey, miembro de las disidencias de las Farc, acusó al ELN de iniciar los ataques, lo que habría provocado muertos y heridos, tanto entre combatientes como entre civiles. En declaraciones recogidas por el medio citado anteriormente, Andrey denunció que el ELN ha intentado desplazar a familias de guerrilleros, incluyendo mujeres y niños, y ha cometido asesinatos contra personas desarmadas.
La masacre de la familia López Durán evidencia la brutalidad de los grupos armados que operan en la región, al tiempo que pone de manifiesto la urgente necesidad de soluciones integrales para abordar la violencia en el Catatumbo. Mientras tanto, las comunidades locales continúan exigiendo justicia y protección en medio de un panorama marcado por la incertidumbre y el miedo.
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