Un escándalo sacudió al Concejo Municipal de Támesis, en el suroeste de Antioquia, luego de que varios concejales denunciaran la suplantación de sus firmas para respaldar una carta enviada al presidente Gustavo Petro.
El documento, fechado el 15 de enero, tenía como propósito solicitar una socialización de la resolución del Ministerio de Agricultura que regula las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA) en la región, un tema que ha generado controversia en todo el departamento.
La resolución que establece las ZPPA busca proteger y regular el uso del suelo en la región del suroeste antioqueño, reconocida por su riqueza agroecológica y su vocación cafetera. En este contexto, el Concejo de Támesis expidió una carta en la que se manifestaba el respaldo a la medida, argumentando que la subregión tiene un gran potencial tanto para la producción agroindustrial como para el turismo rural.
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En el texto de la carta, los concejales afirmaban que la región debía proteger su biodiversidad, cultura cafetera y paisajes, mientras se regulaban las actividades productivas para evitar la llegada de la megaminería. Sin embargo, lo que parecía un apoyo unánime a la resolución se tornó en un escándalo cuando varios concejales denunciaron que sus firmas fueron utilizadas sin su consentimiento.
Según el relato de los implicados, el concejal Sergio Steven Ruiz Ossa habría estampado las firmas sin autorización, con el aval de la presidencia del Concejo, liderada por Alejandro Escobar Hincapié, y la secretaria del Concejo, Gloria Castaño.
Uno de los concejales afectados, Luis Alfonso Jiménez Cano, fue el primero en denunciar públicamente el hecho, explicando que se encontraba en Medellín con su familia cuando recibió una llamada de Ruiz, que le informó que todos los concejales ya habían autorizado la firma de la carta. No obstante, Jiménez dejó claro que nunca aprobó la firma hasta que pudiera revisar el documento completo.
“Jamás lo recibí por escrito, pero luego me enteré de que mi firma ya había sido publicada sin mi autorización”, aseguró el concejal en declaraciones a Semana.
Otro de los concejales, Jorge Mario Cadavid, también fue víctima de la suplantación. Según Jiménez, Cadavid se encontraba en su finca, donde no tenía señal, y no recibió ningún tipo de comunicación para autorizar el uso de su firma. “En su caso, ni siquiera hubo contacto”, indicó Jiménez.
A pesar de las preocupaciones y objeciones de algunos concejales, la carta fue enviada al presidente Gustavo Petro sin el consentimiento de los firmantes.
“La carta fue enviada sin mi consentimiento a las 2:50 p. m., incluso después de que finalizara la conversación en la que expresé mis dudas”, explicó Jiménez, que también indicó que la secretaria del Concejo confió en la autorización verbal de Ruiz para dar por aprobadas las firmas.
Ya habría denuncias por suplantación
Ante la gravedad de la situación, los concejales afectados han iniciado acciones legales contra el concejal Sergio Steven Ruiz y otras personas implicadas.
“El concejal Jorge Mario presentó una demanda ante la Fiscalía, y otros cinco concejales interpusimos una denuncia para dejar constancia del hecho”, afirmó Jiménez al medio citado. Además, se ha confirmado que el caso ya está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría Provincial de Instrucción de Amagá.
Jiménez, que también ha recolectado pruebas en su defensa, manifestó tener audios y mensajes de WhatsApp que evidencian que nunca autorizó el uso de su firma para el respaldo a la resolución. “Tengo pruebas que demuestran que no aprobé la firma. Es más, ni siquiera he abierto el documento que enviaron al grupo del consejo”, destacó.
La controvertida resolución del Gobierno
El caso de la suplantación de firmas ha generado una gran controversia en Támesis, no solo por el uso indebido de las firmas de los concejales, sino también por la creciente polarización sobre la Resolución 377 del Ministerio de Agricultura. Mientras algunos concejales y habitantes de la región ven con buenos ojos la resolución y su enfoque en la protección del medio ambiente y la agroindustria, otros critican lo que consideran una imposición del gobierno sin un debate adecuado.
En la carta enviada al presidente Petro, los concejales mencionan que “se observan intereses partidistas, permeados por una confrontación ideológica” que han distorsionado los objetivos fundamentales de la resolución. Esta declaración ha sido rechazada por los concejales involucrados en la denuncia, quienes aseguran que el uso de sus firmas fue manipulado con fines políticos.
En un municipio donde la defensa del territorio y el uso del suelo son temas cruciales, el caso ha generado un debate sobre la autonomía local y la influencia de intereses externos en la toma de decisiones.
En medio de este escándalo, la resolución del Gobierno sobre las ZPPA sigue siendo un tema clave de discusión en el suroeste antioqueño, y los habitantes de Támesis permanecen atentos al desenlace de este caso que ha puesto en entredicho la integridad de sus representantes locales.