EPS Compensar niega acusaciones por servicios facturados a personas fallecidas: “La información es veraz”

En medio de la controversia por el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) decretado para 2025, la EPS Compensar ha salido al paso de las acusaciones del Ministerio de Salud, que señaló inconsistencias en los datos suministrados por las EPS para este cálculo.

Según informó la cartera, entre las irregularidades detectadas se encuentra la facturación de más de 23.000 servicios a nombre de personas fallecidas, lo que representaría un costo cercano a los $80.000 millones.

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En respuesta, la EPS Compensar emitió un comunicado en el que negó haber proporcionado información errónea y calificó las acusaciones como “infundadas”. “La información suministrada de nuestra parte es totalmente veraz y corresponde a la realidad de los servicios prestados a nuestros afiliados, incluyendo datos de frecuencias de uso y severidad, tal como lo verifican de forma permanente los entes de control que nos vigilan”, aseguró la entidad.

Uno de los puntos más polémicos en esta discusión ha sido la facturación de servicios a nombre de personas fallecidas. Según detalló el Ministerio de Salud, esta situación se encuentra entre las inconsistencias detectadas en los datos entregados por las EPS. Sin embargo, Compensar explicó que estos registros corresponden a servicios que fueron efectivamente prestados en vida, pero cuyo proceso administrativo de legalización, facturación y pago se realizó después del fallecimiento de los pacientes.

La EPS también argumentó que los altos costos asociados a estos servicios se deben, en su mayoría, a que corresponden a atenciones hospitalarias, que suelen ser más costosas. Además, aseguró que todos los procesos relacionados con estos servicios cuentan con estrictos controles de calidad y auditorías realizadas tanto por la EPS como por las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) que conforman su red de servicios.

“Manifestamos nuestra total disposición para atender los requerimientos de las autoridades y suministrar los soportes que permitan esclarecer esta situación”, afirmó Compensar en su comunicado.

El debate sobre la UPC no es menor, ya que este mecanismo es fundamental para el financiamiento del sistema de salud en Colombia. Según explicó el Ministerio de Salud, la UPC representa el 97% de los recursos destinados a cubrir los procedimientos médicos y medicamentos a los que tienen derecho los colombianos. Desde tratamientos básicos, como una extracción dental, hasta procedimientos complejos, como la diálisis para pacientes con insuficiencia renal crónica, dependen de estos recursos.

El cálculo de la UPC se basa en varios factores, entre ellos los precios de los servicios y medicamentos, las frecuencias de uso del sistema de salud por parte de los afiliados y las inclusiones de nuevos procedimientos o tratamientos al Plan de Beneficios en Salud.

Para garantizar la precisión de los datos, el Ministerio de Salud aplica un proceso conocido como “malla de validación”, que consiste en una serie de filtros técnicos y metodológicos diseñados para verificar que la información sea consistente, completa y realista. Este proceso revisa, por ejemplo, que las frecuencias reportadas coincidan con las tendencias históricas y que los precios estén dentro de los márgenes establecidos.

En su resolución sobre el incremento de la UPC para 2025, el Ministerio de Salud afirmó que los datos disponibles no son confiables para realizar el cálculo. “Incrementar la UPC más allá de la inflación causada con información incorrecta sería una medida irresponsable y populista que pondría en riesgo el Presupuesto General de la Nación”, señaló la entidad en un comunicado emitido el 31 de diciembre de 2024.

Por su parte, las EPS han defendido la veracidad de los datos entregados y han solicitado que se mantengan abiertos los canales de diálogo para resolver las diferencias. La discusión sobre la suficiencia de la UPC ha generado tensiones entre los diferentes actores del sistema de salud, incluyendo al Gobierno nacional, las EPS y organizaciones académicas y de salud.

El ajuste de la UPC para 2025, fijado en un 5,36%, ha sido uno de los detonantes de esta polémica. Según el Ministerio de Salud, este incremento busca equilibrar los costos del sistema en un contexto de alta inflación y mayores demandas de servicios. Sin embargo, las EPS manifiestan que este porcentaje podría no ser suficiente para cubrir las necesidades del sistema, especialmente si se consideran los costos crecientes de los medicamentos y los nuevos procedimientos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud.

Mientras el debate continúa, organizaciones como Acuerdos Fundamentales han instado al Ministerio de Salud a mantener un diálogo abierto con todos los actores involucrados para evitar que 2025 se convierta en un año crítico para el sistema de salud colombiano.