Con tutela buscan cerrar una estación de la Policía en Medellín por denuncias de torturas: un interno quedó parapléjico

La estación de Policía de La Candelaria, ubicada en el centro de Medellín, enfrenta una grave crisis de hacinamiento que ha alcanzado niveles alarmantes. Según un informe reciente de la Personería de Medellín, registra una acumulación de 331%, pues cuenta con 248 personas recluidas en un espacio diseñado para una capacidad mucho menor. Ante esta y otras denuncias, el defensor de derechos humanos Jorge Carmona presentó el 15 de enero de 2025 una acción de tutela que busca el cierre inmediato de estas instalaciones.

Según lo reportado por el diario local El Colombiano, no solo es el hacinamiento que se registra en el centro carcelario, sino una serie de “condiciones que vulneran de manera sistemática los derechos humanos de las personas privadas de la libertad”. La acción legal está dirigida contra varias entidades del Estado, entre ellas la Policía Nacional de Colombia, la Rama Judicial, la Fiscalía General de la Nación, el Inpec, la Defensoría del Pueblo regional Antioquia, la Procuraduría General de la Nación, la Procuraduría de Medellín y la Contraloría distrital.

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Según lo expuesto por Carmona, estas instituciones, ya sea por acción u omisión, han contribuido al deterioro de la dignidad humana de los internos en esta estación policial. Por esta razón, la tutela no solo busca el cierre del lugar, sino también una respuesta integral a las condiciones inhumanas que allí se viven.

Un interno reveló que después de recibir un golpe en la cabeza durante la noche, perdió la consciencia y, al despertar, descubrió que ya no podía caminar. Aunque fuentes de la Policía confirmaron a los medios locales que se trató de un accidente provocado por una caída, el caso desató cuestionamientos sobre la seguridad y el trato que reciben los detenidos en estas instalaciones.

Este episodio puso en evidencia las condiciones de insalubridad y hacinamiento extremo que caracterizan a este centro de detención. Según el informe de la Personería de Medellín, el hacinamiento en las estaciones de Policía de la ciudad superaba el 210% al cierre de 2024, con aproximadamente 2.300 personas en detención preventiva distribuidas en estos espacios.

Como respuesta a la crisis de hacinamiento en las estaciones de Policía, en el corregimiento de San Cristóbal, en Medellín, se está construyendo una nueva cárcel destinada a personas en detención preventiva. Este proyecto, que busca cumplir con una orden judicial, tendrá capacidad para albergar a 1.339 internos, aunque esta iniciativa representa un avance hacia la solución del problema, su implementación aún está en proceso, por lo que los familiares de los internos piden soluciones prontas.

La acción de tutela presentada por Jorge Carmona no solo busca el cierre de la estación de Policía de La Candelaria, sino también responsabilizar a las entidades estatales involucradas en la gestión de los derechos de las personas privadas de la libertad. Según el defensor de derechos humanos, estas instituciones han fallado en garantizar condiciones mínimas de dignidad y seguridad para los internos, lo que lleva a una violación grave de los derechos humanos.

Y es que el experto reitera que la Policía Nacional, como responsable directa de las estaciones de detención, no ha cumplido con garantizar la seguridad de los internos, mientras que otras entidades, como la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), han sido acusadas de no implementar medidas efectivas para reducir el hacinamiento. Por su parte, organismos como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación fueron cuestionados por no ejercer un control adecuado sobre las condiciones en estos centros.