Paloma Valencia pidió apartar a magistrado de la Corte Constitucional de discusión de demanda contra la reforma pensional

El 14 de junio de 2024 fue aprobada la reforma pensional del Gobierno nacional en la Cámara de Representantes, luego de que el Senado de la República diera luz verde al proyecto. Pese a serias denuncias que de la iniciativa fue respaldada en la cámara baja con irregularidades, el presidente Gustavo Petro sancionó la ley en julio del mismo año.

La aprobación generó indignación porque, en medio del debate en la Cámara, y corriendo contra el tiempo por la cercana culminación de la legislatura, se adoptó el texto que había sido admitido en el Senado y logró así 86 votos a favor. En consecuencia, varios congresistas anunciaron que recurrirían a la Corte Constitucional para que impida la implementación de la ley por vicios en el trámite que se llevó a cabo en el Congreso de la República.

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“Lo que pasó hoy, aparte de bochornoso, aparte de irrespetuoso, aparte de abusivo, creo, ciertamente, que puede tener implicaciones en una demanda ante la Corte Constitucional (...), porque aquí se violó el principio de publicidad y, sobre todo, el principio de garantía de deliberación”, aseguró la representante a la Cámara Catherine Juvinao en la plenaria en la que fue debatido el proyecto.

Al igual que la congresista, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, también precandidata a la Presidencia de Colombia, advirtió la presentación de una demanda que, finalmente, fue aceptada por la Corte Constitucional para su estudio. Según la congresista, no solo hubo irregularidades en la aprobación de la iniciativa, sino que, además, contradice varios artículos de la Constitución Política.

Según indicó, las consecuencias de la implementación de la reforma pueden ser nefastas para los niños que, en unos años, tendrán que verse obligados a pagar mucho más dinero para poder recibir, en su tiempo de vejez, una pensión digna. “Los niños, en el 2045, van a tener que pagar casi el 30% de sus ingresos”, detalló.

Ahora que la Corte Constitucional va a dirimir sobre el futuro de la iniciativa (Ley 2381 de 2024), Valencia instó al alto tribunal a apartar de la discusión de la demanda que presentó y de otras en las que se alega la inconstitucionalidad de la ley, a uno de sus magistrados. Se trata del abogado Vladimir Fernández Andrade, que anteriormente ya había generado un concepto favorable sobre la reforma.

“Hemos pedido que el magistrado Vladimir Fernández se aparte del conocimiento de la demanda que hemos interpuesto contra la reforma pensional. Es muy importante recordar que el doctor Fernández era el secretario general de Presidencia y que conceptuó a favor de este proyecto. Lo lógico es que no tome parte en esta discusión”, explicó la congresista de la oposición.

De acuerdo con el documento de recusación que envió a los magistrados de la Corte, justamente, el hecho de haber conceptuado sobre la constitucionalidad de una disposición acusada es considerado una causal de impedimento. También se incluye el haber intervenido en su expedición o el tener interés en la decisión que se tome al respecto.

Según la Universidad del Externado, institución educativa de la que se graduó como profesional en Derecho, el magistrado fungió como secretario jurídico de la Presidencia de la República desde agosto de 2022, año en el que llegó el presidente Gustavo Petro al cargo. De hecho, luego de su experiencia como secretario, pasó a ser magistrado de la Corte Constitucional.

El hecho de haber ocupado ese cargo y de haber emitido un concepto a favor de la reforma le impediría participar de manera imparcial en las discusiones en torno a las demandas de inconstitucionalidad que se han presentado contra la ley en cuestión.