La región del Catatumbo (Norte de Santander), enfrenta una de sus peores escaladas violentas tras la masacre de la familia López Durán, conformada por Miguel Ángel López, propietario de la funeraria San Miguel en Tibú; su esposa, Zulay Durán Pacheco; y su hijo, Miguel Herney López Durán, un bebé de seis meses, además, de los intensos combates entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, donde ya se reportó un joven muerto y familias enteras confinadas.
Al respecto, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, expresó su preocupación por la situación crítica de seguridad que vive el país por cuenta de las acciones armadas e indiscriminadas de grupos armados al margen de la ley.
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"La violencia nos roba el país, nos quita la ilusión del futuro“, comenzó diciendo la senadora de derecha, que enfatizó que la sociedad ahora vive con miedo permanente ante cualquier ataque violento que se produzca en sus territorios.
Por ello, aseveró que el Estado es el que debe garantizar la seguridad en el país, dándole cárcel a los delincuentes que están a la orden de día haciendo daño. "La seguridad es una obligación primordial del Estado y el derecho a la rebelión en una democracia no existe. Criminal es criminal y a la cárcel debe ir", apuntó, vía X.
En cuanto a la situación del Catatumbo, Valencia compartió un corto clip en el que se escucha la magnitud de los combates en plena zona rural donde hay presencia de población civil. Aseguró que se trata de uno de los grandes desaciertos del Gobierno de Gustavo Petro.
“El Catatumbo bajo fuego por los criminales. La población se encuentra atrapada en medio de enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las Farc en varios municipios de la región. Los ciudadanos son quienes sufren el fracaso rotundo de la ‘paz total’ de Petro”, expuso en la red social.
Su colega, María Fernanda Cabal, también cuestionó la falta de intención de los grupos armados de lograr la paz. “Terroristas del ELN y las Farc enfrentados en El Catatumbo. Esto es muestra de que no hay paz sin la fuerza y el sometimiento del Estado”, apuntó.
Y es que desde la mañana del jueves 16 de enero de 2025, en los corregimientos de San Pablo y El Aserrío, en Teorama; así como en Tibú y El Tarra, se vivieron momentos de terror ante los enfrentamientos entre las dos guerrillas por la disputa, a sangre y fuego, del territorio.
De hecho, un líder de la zona expuso la gravedad de la situación, al afirmar que sus actividades se encuentran paralizadas ante el riesgo de quedar en medio del fuego cruzado.
“Es una situación compleja que tendrá un fuerte impacto en el regreso a clases. Después de lo sucedido, muchos padres temen enviar a sus hijos al colegio. La economía también se verá afectada. Es grave, esto va a estar paralizado por un tiempo”, indicó, citado por El Tiempo.
Entre tanto, la Defensoría del Pueblo indicó que la problemática de inseguridad que vive la región provoca la vulneración de derechos humanos de los civiles, por lo que han emitido alertas tempranas al Gobierno y autoridades correspondientes.
“La Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación ante el inicio de confrontaciones armadas entre el Estado Mayor Central y el ELN en la región del Catatumbo. Este conflicto armado ha generado una grave vulneración de derechos humanos los municipios de esta zona del país (...) Reiteramos la necesidad urgente de que las autoridades competentes actúen de manera inmediata y efectiva para garantizar la protección y los derechos fundamentales de las personas afectadas por esta confrontación”, alertó la Defensoría.
Por último, informó que mantienen un monitoreo y comunicación con la comunidad de manera permanente para realizar los requerimientos de atención, protección y acompañamiento a la población.