Nuevo conflicto entre Gobierno y Registraduría: posible aplazamiento de elecciones atípicas en Putumayo provocó polémica

La posibilidad de aplazar las elecciones atípicas para la Gobernación de Putumayo, programadas para el 9 de febrero de 2025, provocó una controversia que involucra a la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Secretaría de Transparencia del Gobierno y actores políticos locales. La principal razón argumentada para el aplazamiento es la falta de recursos económicos para garantizar la logística del proceso electoral en un departamento con retos geográficos significativos.

El secretario de Transparencia del Gobierno nacional, Andrés Idárraga, fue uno de los primeros en mostrar su rechazo a la propuesta de la Registraduría. En declaraciones a medios de comunicación, el funcionario del Gobierno Petro expresó: “¿Cómo es que planificaron unas elecciones en diciembre y a 20 días dicen que no hay plata? Eso no me cuadra”. Además, advirtió que un eventual aplazamiento podría tener implicaciones políticas: “Mover las elecciones podría estar favoreciendo a algún candidato o perjudicando a los que van en punta”.

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La postura de Idárraga fue respaldada por otros actores políticos, como el representante a la Cámara del Pacto Histórico Andrés Cancimance, que rechazó la posibilidad de aplazamiento, tal como lo compartido en un comunicado compartido en su cuenta en X.

“Exijo a los entes de control, incluyendo a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, abrir todas las indagaciones necesarias para esclarecer y sancionar posibles acciones de constreñimiento electoral que, presuntamente, se han puesto en marcha en el Departamento. Es inaceptable que Putumayo se vea sometido a estrategias que atenten contra la transparencia del proceso y los valores fundamentales de nuestra democracia”, afirmó Cancimance, congresista que apoya al candidato Miguel Rubio para la gobernación.

La Registraduría Nacional del Estado Civil insistió en que la responsabilidad de definir si se aplaza o no la fecha de las elecciones recae en el Ministerio del Interior, ya que es esta cartera la que fija las fechas mediante decreto. En entrevista con El Tiempo, el registrador Jaime Suárez, aseguró que “ya no hay tiempo ni recursos para garantizar los procesos de contratación requeridos”; sin embargo, destacó que la entidad tiene dispuesta la infraestructura necesaria y que el obstáculo principal radica en la falta de asignación presupuestal por parte del Ministerio de Hacienda.

Según la normativa, es el Gobierno nacional que tiene la facultad de convocar elecciones y establecer la fecha, según argumentó la entidad. Asimismo, aseguró que el órgano electoral cuenta con todos los preparativos necesarios para el proceso, pero señaló que el Ministerio de Hacienda no realizó la asignación de los recursos requeridos.

La Registraduría explicó que, al momento de la emisión del Decreto 353 de 2024, que convocó las elecciones, no fue posible solicitar recursos adicionales, ya que el plazo para realizar modificaciones presupuestales había vencido el 9 de diciembre de 2024, según lo estipulado en la Circular Externa 034 de ese año. Además, destacó los retos logísticos propios del municipio de Puerto Guzmán, en Putumayo, como la necesidad de transporte helicoportado para trasladar material electoral y personal a zonas de difícil acceso.

El director de Gestión Electoral indicó que ya se inició el proceso para obtener los recursos necesarios para realizar las elecciones en 2025. En este contexto, el 10 de enero de 2025 se solicitó formalmente al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la asignación presupuestal requerida para organizar el evento electoral.

La Gobernación de Putumayo se encuentra vacante desde la nulidad de la elección de Carlos Andrés Marroquín Luna, declarada por la Sala de Decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado. Ante esta situación, el Ministerio del Interior designó a José Alfonso Granados Santos como gobernador encargado mediante el Decreto 1467 de diciembre de 2024. La falta de un líder departamental en propiedad provocó incertidumbre en un departamento que enfrenta diversos retos sociales y económicos.

Según la Misión de Observación Electoral (MOE), en el departamento están previstos 78 puestos de votación en zonas rurales y 40 en áreas urbanas. La organización ha advertido que un aplazamiento sin una justificación clara podría impactar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en el proceso electoral.

A pesar de las declaraciones de la Registraduría y las críticas de distintos actores políticos, el Ministerio del Interior, encabezado por el ministro Juan Fernando Cristo, aún no se ha pronunciado sobre la posibilidad de aplazar las elecciones. Este silencio mantiene en vilo a los habitantes de Putumayo y a las campañas de los candidatos en contienda, quienes continúan con sus actividades en medio de la incertidumbre.