Junta Médica Nacional exigió investigación por irregularidades en las EPS y la implementación de una reforma a la salud

El Gobierno nacional estableció un incremento del 5,36% en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es el dinero que gira a las EPS por cada persona afiliada al sistema. Sin embargo, hay todo un debate alrededor de la suficiencia de ese aumento: el Ministerio de Salud indica que no hacen falta recursos para garantizar la prestación de los servicios; las EPS difieren y exigen más dinero.

En medio de las advertencias y exigencias que han hecho los gremios de la salud en torno a un mayor aumento de los recursos, el Ministerio de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) revelaron informes en los que denuncian serias irregularidades en el manejo del dinero por parte de las EPS.

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De acuerdo con el documento de la Adres, los estados financieros de las entidades promotoras de salud, utilizados para calcular la UPC, evidencian gastos sin justificación, teniendo en cuenta que no reflejan la realidad epidemiológica del país y tampoco la capacidad del sistema. Entre 2022 y 2023, por ejemplo, hubo un incremento exacerbado en materia de servicios y de costos del 79% y del 119%, respectivamente.

Además, se registró un aumento del 108% en la atención de usuarios en medicina general y del 119% por concepto de servicios de salud a domicilio. Pero lo que más ha generado inquietud es el incremento del 1.000% en la atención de pacientes luego de haberse reportado su muerte. Según el informe, las EPS Compensar, Famisanar y Salud Total S.A. lideran la lista de atención post mortem.

“La información que recibimos de 15 EPS muestra que tuvieron un aumento en registros del 27% y en valores del 30%. Esto nos hizo pensar: ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué un aumento tan desmesurado? No coincidía con los registros históricos y las del subsidiado no aportaron datos”, añadió el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.

En consecuencia, la Junta Médica Nacional (JMN), una instancia constituida por organizaciones médicas de carácter gremial, científico y académico de todo el país, pidió que se inicien las investigaciones respectivas por las anomalías encontradas en el manejo de los recursos. Asimismo, aseguró que es necesario implementar una reforma al sistema de salud.

“Revelan irregularidades significativas y posibles actos de corrupción. Esta situación compromete gravemente la transparencia y el adecuado uso de los recursos públicos destinados a la salud, lo que justicia la decisión del Gobierno de no aumentar el valor de la UPC más allá de la inflación”, indicó la JMN en un comunicado.

De acuerdo con la instancia, los incrementos de número de afiliados en 2023 (63%), de valores ejecutados (119%), de severidad (22%), de frecuencias (10%), y de gasto per cápita (34%), así como otros adicionales, no son creíbles porque no hubo un aumento en la capacidad instalada del sistema.

Adicionalmente, las EPS reportaron un incumplimiento en la regulación de precios de los medicamentos, por un valor de 2,5 millones, a los que se suman otros $138.000 millones por concepto de sobrecostos.

“A pesar de las evidencias (...), ciertos sectores insisten en promover el aumento de la UPC sin contar con los estudios técnicos y pruebas necesarias. La Junta Médica Nacional denuncia esta falta de ética pública y hace un llamado urgente al Congreso de la República para que realice un debate amplio y transparente que permita reformar estructuralmente el sistema de salud”, precisó.

Asimismo, aseguró que es necesario agilizar la realización de estudios forenses en todas las entidades promotoras de salud. Esto debe incluir el desarrollo de investigaciones de carácter penal para determinar posibles responsabilidades por posibles actos de corrupción.