Infidelidad y divorcio: estos son los plazos y requisitos para la pensión alimentaria en Colombia

La infidelidad es una de las principales causas de ruptura matrimonial, incluso en Colombia se reconoce legalmente como causal de divorcio.

Sin embargo, más allá de la disolución del vínculo matrimonial, surgen interrogantes sobre los derechos del cónyuge afectado, especialmente en relación con la pensión alimentaria.

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Por tal motivo, la abogada María Paula Sarmiento, especialista en derecho de familia, explicó a través de sus redes sociales los requisitos para iniciar un proceso de divorcio por infidelidad y quiénes pueden acceder a beneficios económicos derivados de esta situación.

La legislación contempla la infidelidad como causal de divorcio, pero para que este argumento sea válido es necesario seguir ciertos procedimientos legales.

Según la abogada Sarmiento, el primer paso es presentar una demanda formal ante un juez de familia, un proceso que debe ser impulsado por el cónyuge afectado, quien debe demostrar judicialmente la existencia de la infidelidad.

Un aspecto clave es el plazo para iniciar esta demanda, dado que la ley establece que el proceso debe presentarse dentro de los dos años siguientes a la fecha en la que el cónyuge engañado tuvo conocimiento de la infidelidad. Si este plazo se supera, se pierde el derecho a reclamar ciertos beneficios, como la pensión alimentaria.

No obstante, hay excepciones, pues si el cónyuge afectado inicialmente perdonó la infidelidad, pero posteriormente decidió revocar ese perdón y proceder con el divorcio, puede hacerlo siempre que no hayan pasado los dos años desde que descubrió la infidelidad.

Este procedimiento aplica tanto para matrimonios civiles como religiosos, e incluye a parejas del mismo sexo.

Es menester acotar que la infidelidad como causal de divorcio no aplica para las uniones maritales de hecho, ya que estas no tienen el mismo reconocimiento legal en este aspecto.

Cuando uno de los cónyuges desea divorciarse, pero el otro no está de acuerdo, se debe iniciar un proceso de divorcio contencioso, un trámite que se lleva a cabo ante un juez de familia y requiere la representación de un abogado. Estos son los pasos del proceso:

• Presentación de la demanda: el cónyuge que no incurrió en la causal de divorcio presenta la demanda acompañada de pruebas que respalden la acusación de infidelidad.
• Admisión de la demanda: una vez admitida, el juez puede imponer medidas provisionales relacionadas con la custodia de los hijos, la manutención y la separación de bienes.
• Sentencia: el juez decide sobre la disolución del matrimonio y ordena la inscripción del divorcio en los registros civiles correspondientes.

Este proceso implica costos asociados, principalmente los honorarios del abogado, y exige la presentación de documentos como el registro civil de matrimonio, el registro civil de nacimiento de los hijos menores (si los hay) y las pruebas de la infidelidad.

Uno de los aspectos más relevantes del divorcio por infidelidad es la posibilidad de que el cónyuge inocente pueda solicitar una pensión alimentaria.

Según explicó la abogada Sarmiento, este derecho está reservado exclusivamente para matrimonios legales, bien sean civiles o religiosos, y no se extiende a uniones libres o de hecho.

Para acceder a este beneficio se deben cumplir los siguientes requisitos:

• Demanda judicial por infidelidad: la pensión solo se puede solicitar si se demanda la infidelidad formalmente dentro del plazo de dos años.
• Comprobación de la necesidad económica: el cónyuge inocente debe probar que necesita el apoyo económico.
• No haber causado el divorcio: solo el cónyuge que no cometió la causal de divorcio puede solicitar la pensión.

Este derecho es independiente del género, dado que tanto hombres como mujeres pueden solicitar la pensión alimentaria si han sido víctimas de infidelidad.

Una vez decretado el divorcio se procede a la liquidación de la sociedad conyugal, lo que implica dividir los bienes adquiridos durante el matrimonio.

Este proceso se realiza mediante un inventario y valoración de los bienes para su posterior distribución.

Además, el juez puede establecer medidas provisionales y definitivas relacionadas con la custodia de los hijos, la manutención y otros aspectos familiares.