Desde el 7 de agosto de 2022, día de la llegada de Gustavo Petro a la Casa de Nariño, hasta la fecha, los grupos armados ilegales se han expandido por todo el territorio nacional, lo que ha producido graves afectaciones tanto a la fuerza pública como a la población civil.
Así lo manifiesta el reciente informe de la organización Human Rights Watch (HRW), publicada el jueves 16 de enero de 2025, en la que cuestionaron los resultados de la implementación de la política de paz total, promovido por la actual administración de Petro, así como los bajos resultados en la consolidación del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado Colombiano y la extinta guerrilla de las Farc en 2016.
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“Dos años y medio después de que el presidente Gustavo Petro asumiera la Presidencia, su estrategia de ‘paz total’ ha logrado resultados limitados en la reducción de los abusos contra la población civil”, señaló HRW al hablar de Colombia en su Informe Mundial 2025.
En el documento, la organización mundial se refirió a los constantes actos criminales que han ejercido las estructuras armadas en el territorio colombiano, pese a que se concretaron diálogos de paz con varios grupos armados como las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo.
“Muchos de estos grupos tienen vínculos fluidos y complejos entre sí y algunos son parte de conflictos armados no internacionales”, se lee en el informe de HRW.